Edgar Hernández Ramírez
La crisis de agua potable en Tuxtla Gutiérrez ya no admite explicaciones coyunturales y recicladas. No es, como se ha repetido hasta el cansancio, un problema de tuberías viejas, fugas inevitables o falta de lluvias. Es, en realidad, el síntoma más visible de una enfermedad política incubada durante al menos un cuarto de siglo: la degradación deliberada del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) como institución pública.
Reducir el colapso hídrico de los últimos días a un asunto técnico es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una coartada. Porque detrás de cada colonia sin agua, de cada tandeo arbitrario y de cada recibo que llega puntual aunque el servicio no, hay decisiones políticas perniciosas acumuladas. Doce alcaldes desde el año 2000 han administrado no sólo una ciudad, sino también una estructura opaca que terminó convertida en botín.
El SMAPA dejó de ser hace mucho un organismo operador para transformarse en lo que, en voz baja pero persistente, se reconoce en la conversación pública: la “caja chica” del poder municipal. Un espacio donde confluyen la discrecionalidad presupuestal, la contratación opaca y el uso patrimonial de un recurso que debería ser intocable. La lógica ha sido consistente; el agua como instrumento decontrol político y financiero.
No se trata únicamente de corrupción en abstracto, sino de una cadena de prácticas concretas. Contratos inflados para mantenimiento que nunca se realiza, compras de equipo innecesario, redes de trabajadores que operan fuera de toda supervisión institucional, y una cultura de impunidad que garantiza que los responsables de ayer puedan reciclarse mañana. Así, el deterioro no es accidental: es funcional.
En ese contexto, el episodio de 2013 –cuando el ayuntamiento encabezado por Samuel Toledo Córdova Toledo intentó concesionar el sistema– no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un modelo agotado. La privatización se presentó como solución técnica a una crisis que, en realidad, era política. Y aunque la resistencia social logró frenar la entrega formal del servicio, el problema de fondo nunca se resolvió.
Porque lo cierto es que el fracaso del intento privatizador no implicó una reforma estructural del sistema público. Lo que siguió fue una suerte de limbo: ni privatización ni fortalecimiento institucional. Un organismo debilitado, capturado por inercias administrativas y políticas, que ha sobrevivido más por inercia que por virtud administrativa.
La responsabilidad, por supuesto, es compartida. Desde administraciones como la de Yassir Vázquez Hernández, donde se profundizó el deterioro financiero, hasta los gobiernos más recientes, que han optado por administrar la crisis en lugar de resolverla. El patrón se repite: diagnósticos conocidos, soluciones parciales, y una renuencia sistemática a tocar los intereses que gravitan alrededor del SMAPA.
Mientras tanto, la ciudad paga el costo. La infraestructura envejece, las fugas se multiplican y el acceso al agua –underecho humano reconocido– se vuelve cada vez más incierto. En las colonias periféricas, el problema ya no es la baja presión, es la ausencia total del servicio. Y en el centro, la aparente normalidad es apenas un espejismo sostenido por remiendos.
El caso de Tuxtla ilustra una paradoja más amplia. La defensa del carácter público del agua no basta si ese carácter público es, en los hechos, rehén de la corrupción. El dilema no es simplemente público versus privado, sino funcionalidad versus captura. Un sistema público capturado por la voracidad de los intereses de quienes lo administran, puede ser tan ineficiente –y tan injusto– como uno privatizado sin regulación.
La pregunta de fondo, entonces, no es quién administra el agua, sino bajo qué reglas, con qué controles y para beneficio de quién. Sin transparencia radical, sin rendición de cuentas y sin una ruptura con las prácticas patrimoniales del pasado, cualquier modelo está condenado a reproducir la misma lógica de saqueo.
Hoy, el riesgo es doble. Por un lado, que la crisis continúe degradándose hasta un punto de no retorno. Por otro, que ese colapso sea utilizado nuevamente como argumento para reactivar, bajo nuevas formas, la tentación privatizadora.
Tal vez ha llegado el momento de plantear una discusión más incómoda pero necesaria: ¿es posible rescatar al SMAPA sin desmontar las redes de poder que lo han sostenido durante décadas? ¿Puede existir un sistema público eficiente en un entorno político que ha normalizado su uso patrimonial y corrupto?
SUMIDERO
Edgar Hernández Ramírez
El colapso del SMAPA, entre la privatización fallida y el saqueo público
La crisis de agua potable en Tuxtla Gutiérrez ya no admite explicaciones coyunturales y recicladas. No es, como se ha repetido hasta el cansancio, un problema de tuberías viejas, fugas inevitables o falta de lluvias. Es, en realidad, el síntoma más visible de una enfermedad política incubada durante al menos un cuarto de siglo: la degradación deliberada del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) como institución pública.
Reducir el colapso hídrico de los últimos días a un asunto técnico es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una coartada. Porque detrás de cada colonia sin agua, de cada tandeo arbitrario y de cada recibo que llega puntual aunque el servicio no, hay decisiones políticas perniciosas acumuladas. Doce alcaldes desde el año 2000 han administrado no sólo una ciudad, sino también una estructura opaca que terminó convertida en botín.
El SMAPA dejó de ser hace mucho un organismo operador para transformarse en lo que, en voz baja pero persistente, se reconoce en la conversación pública: la “caja chica” del poder municipal. Un espacio donde confluyen la discrecionalidad presupuestal, la contratación opaca y el uso patrimonial de un recurso que debería ser intocable. La lógica ha sido consistente; el agua como instrumento decontrol político y financiero.
No se trata únicamente de corrupción en abstracto, sino de una cadena de prácticas concretas. Contratos inflados para mantenimiento que nunca se realiza, compras de equipo innecesario, redes de trabajadores que operan fuera de toda supervisión institucional, y una cultura de impunidad que garantiza que los responsables de ayer puedan reciclarse mañana. Así, el deterioro no es accidental: es funcional.
En ese contexto, el episodio de 2013 –cuando el ayuntamiento encabezado por Samuel Toledo Córdova Toledo intentó concesionar el sistema– no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un modelo agotado. La privatización se presentó como solución técnica a una crisis que, en realidad, era política. Y aunque la resistencia social logró frenar la entrega formal del servicio, el problema de fondo nunca se resolvió.
Porque lo cierto es que el fracaso del intento privatizador no implicó una reforma estructural del sistema público. Lo que siguió fue una suerte de limbo: ni privatización ni fortalecimiento institucional. Un organismo debilitado, capturado por inercias administrativas y políticas, que ha sobrevivido más por inercia que por virtud administrativa.
La responsabilidad, por supuesto, es compartida. Desde administraciones como la de Yassir Vázquez Hernández, donde se profundizó el deterioro financiero, hasta los gobiernos más recientes, que han optado por administrar la crisis en lugar de resolverla. El patrón se repite: diagnósticos conocidos, soluciones parciales, y una renuencia sistemática a tocar los intereses que gravitan alrededor del SMAPA.
Mientras tanto, la ciudad paga el costo. La infraestructura envejece, las fugas se multiplican y el acceso al agua –underecho humano reconocido– se vuelve cada vez más incierto. En las colonias periféricas, el problema ya no es la baja presión, es la ausencia total del servicio. Y en el centro, la aparente normalidad es apenas un espejismo sostenido por remiendos.
El caso de Tuxtla ilustra una paradoja más amplia. La defensa del carácter público del agua no basta si ese carácter público es, en los hechos, rehén de la corrupción. El dilema no es simplemente público versus privado, sino funcionalidad versus captura. Un sistema público capturado por la voracidad de los intereses de quienes lo administran, puede ser tan ineficiente –y tan injusto– como uno privatizado sin regulación.
La pregunta de fondo, entonces, no es quién administra el agua, sino bajo qué reglas, con qué controles y para beneficio de quién. Sin transparencia radical, sin rendición de cuentas y sin una ruptura con las prácticas patrimoniales del pasado, cualquier modelo está condenado a reproducir la misma lógica de saqueo.
Hoy, el riesgo es doble. Por un lado, que la crisis continúe degradándose hasta un punto de no retorno. Por otro, que ese colapso sea utilizado nuevamente como argumento para reactivar, bajo nuevas formas, la tentación privatizadora.
Tal vez ha llegado el momento de plantear una discusión más incómoda pero necesaria: ¿es posible rescatar al SMAPA sin desmontar las redes de poder que lo han sostenido durante décadas? ¿Puede existir un sistema público eficiente en un entorno político que ha normalizado su uso patrimonial y corrupto?
