Edgar Hernández Ramírez
El costo de la democracia volvió al centro del debate nacional. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea, entre otros puntos, reducir el financiamiento público a los partidos políticos y revisar el gasto de los organismos públicos locales electorales (OPLEs). El argumento es sencillo y directo: en tiempos de austeridad y profundas desigualdades sociales, el sistema electoral no puede convertirse en una maquinaria burocrática cada vez más costosa. El caso de Chiapas ilustra bien esa discusión.
Para el ejercicio fiscal 2026, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) contará con un presupuesto autorizado de 359 millones 600 mil pesos. Lo relevante es que se trata de un año no electoral, es decir, un periodo en el que el organismo no organiza comicios ni despliega la compleja logística que suele justificar el alto gasto institucional.
Dentro de ese presupuesto se incluye un dato revelador: 6 millones 331 mil 833 pesos están destinados al incremento salarial del personal del instituto. El aumento quedó formalmente establecido en el oficio SF/1242/2025, mediante el cual la Secretaría de Finanzas del estado notificó el 29 de diciembre de 2025 la aprobación del presupuesto anual del organismo electoral.
El dato abre inevitablemente un expediente político y una discusión pública necesaria. ¿Es correcto que en un contexto nacional donde se propone reducir el costo del aparato electoral, un organismo local destine millones de pesos a incrementos salariales en un año sin elecciones?
El presupuesto del IEPC también confirma otra constante del sistema electoral mexicano: el elevado financiamiento público a los partidos políticos. Tan sólo para actividades ordinarias permanentes se asignaron más de 150 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto total del instituto.
Es decir, incluso en años sin elecciones, los partidos reciben recursos millonarios para sostener sus estructuras, oficinas, dirigencias y actividades administrativas.
Este modelo tiene su origen en una lógica histórica que buscaba garantizar que los partidos dependieran menos del financiamiento privado y evitar la captura del sistema político por intereses económicos o criminales. Durante décadas, ese esquema fue considerado una garantía de equidad electoral. Pero con el paso del tiempo la fórmula se pervirtió y ahora partidos con escasa representación social o con presencia electoral marginal reciben financiamiento público simplemente por conservar su registro.
A ello se suma el costo administrativo de los organismos electorales, particularmente el de su burocracia dorada.
El IEPC de Chiapas, como otros OPLEs del país, mantiene una estructura burocrática permanente con salarios altos para mandos directivos. En 2016, por ejemplo, el consejero presidente del instituto percibía 178 mil pesos mensuales. Para 2019, su salario era de 152 mil pesos mensuales, aún superior al ingreso actual de la presidenta de la República. Los demás consejeros electorales recibían entonces alrededor de 120 mil pesos mensuales.
Hoy, sin embargo, surge otro problema. Los datos actualizados sobre salarios y percepciones ya no se encuentran disponibles en la página de transparencia del instituto.
La ausencia de esa información no es un asunto menor. La transparencia salarial debería ser una regla básica en cualquier institución pública, pero lo es aún más en un órgano cuya función es garantizar legalidad, confianza y legitimidad en los procesos democráticos.
Si la ciudadanía no puede conocer cuánto ganan los funcionarios que administran las elecciones, el discurso de transparencia institucional pierde fuerza.
En este contexto, la reforma electoral propuesta a nivel nacional abre un debate inevitable. ¿Debe mantenerse intacto el modelo actual de financiamiento público y burocracia electoral? ¿O es momento de revisar su tamaño, sus costos y su eficiencia?
La discusión no implica debilitar a las instituciones electorales. México tardó décadas en construir un sistema capaz de organizar elecciones confiables. Pero también es cierto que las instituciones deben adaptarse a las condiciones sociales y económicas del país.
En un estado como Chiapas –donde persisten altos niveles de pobreza, desigualdad y carencias estructurales– el gasto público siempre está bajo escrutinio.
Cuando un organismo electoral dispone de casi 360 millones de pesos en un año sin elecciones, destina más de 150 millones al financiamiento de partidos y además reserva más de 6 millones para incrementos salariales, el cuestionamiento público es obligatorio.
No se trata de cuestionar la democracia; se trata de preguntarse cuánto cuesta sostenerla… y si ese costo sigue siendo razonable.
