Héctor Estrada
Enfrascado en una añeja disputa agraria plagada de abusos, intereses caciquiles y complicidades gubernamentales, las tierras comunitarias de los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz, Chiapas, se han convertido en territorios que ni siquiera el crimen organizado ha podido controlar, desatando episodios de violencia asesina como la del pasado 24 de abril. Pero, ¿qué hay detrás del conflicto que mantiene bajo tensión a esa región de la entidad?
Para entender lo que sucede en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza es necesario remontarse a los primeros años del siglo pasado, cuando la región (antes conocida como San Bartolomé de los Llanos) se mantenía bajo el control de comunidades Tzotziles, originarias del lugar, que desde la época de la colonia habían reclamado la propiedad de sus tierras.
No obstante, durante los años 20 se acentuó la llegada de familias ladinas que comenzaron a invadir y apropiarse de tierras en la zona. Migraban, acompañadas de trabajadores, desde otros municipios de la entidad, buscando nuevos asentamientos para el aprovechamiento de tierras. Y así, la confrontación entre las poblaciones originarias y los recién llegados comenzó a escalar.
Ante la resistencia de los tzotziles y sus agresiones constantes para expulsar a los “invasores”, los nuevoscaciques decidieron armarse. Contrataron “pistoleros” y dotaron de armas a sus propios trabajadores, quienes, al final, terminaron siendo utilizados como la “primera línea de batalla” para defender a las nuevas tierras de cultivo y a los intereses económicos de lo patrones que pagaban la raya.
Así surgieron en la escena figuras como Augusto Castellanos y Carmen Orantes Alegría, este último señalado como presunto autor intelectual del asesinato de al menos ocho líderes de las comunidades tzotziles. A Orantes se le atribuyó además una de las más grandes apropiaciones de tierras comunales, asumiendo progresivamente el control económico y político de la región.
Por eso, en 1939 las comunidades tzotziles comenzaron a organizarse para la defensa jurídica de sus tierras. Pomovieron ante al el gobierno federal el reconocimiento de sus derechos agrarios y se reconfiguraron en una nueva estructura organizativa de Bienes Comunales que se mantuvo en busca de una resolución presidencial.
Fue hasta 1965 cuando un decreto, firmado por Gustavo Díaz Ordaz, reconoció a la comunidad un total de 50 mil 152 hectáreas, que desde entonces pasaron a ser formalmente bienes comunales reconocidos por la federación. Sin embargo, el mismo decreto dejó también en manos de los terratenientes más de 20 mil hectáreas que los comuneros reclamaban como suyas. Además de otras mil hectáreas que la CFE les expropió para la construcción de la presa.
Pero el nuevo gran cacique de la zona, Carmen Orantes, no se quedó con las manos cruzadas. Y es que, sólo un año después de la resolución presidencial, en 1966, el primer comisario de los Bienes Comunales, José Córdova Ayar, fue asesinato presuntamente por “pistoleros” contratados por Orantes, según consta en los expedientes del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CIEPAC); avivando así un conflicto que pronto elevaría las tensiones armadas.
Así, para la década de los 60 y 70, bajo la respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno de Samuel León Brindis en Chiapas, Orantes Alegría ya había asumido la presidencia municipal de Venustiano Carranza en al menos dos ocasiones y había sido diputado suplente en el congreso local, por lo que su posición política le sirvió para acaparar más tierras, comprar nuevos inmuebles y apoderarse de la venta de maíz y ganado en la región.
Pero el mayor punto de quiebre para los herederos de las tierras tzotziles llegó en 1973, cuando habitantes de la comunidad Paraíso del Grijalva fueron expulsados de los Bienes Comunales. Se les acusó de haberse vendido con los terratenientes a cambio de obtener la titularidad de sus propias tierras, por lo que un nuevo frente de batalla se abrió para los comuneros.
Ante la nueva amenaza de los campesinos expulsados (que exigen la propiedad de 20 mil hectáreas comunales), sumada a la de los sicarios de los terratenientes y el hostigamiento de los gobiernos, los habitantes de los Bienes Comunales terminaron integrandose a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), bajo el identificativo de “Casa del Pueblo”.
Mientras tanto, el nuevo cacicazgo hegemónico en la región se había comenzado a transferir poco a poco a uno de los tantos hijos de don Carmen Orantes, Jesús Alejo OrantesRuíz, líder cañero, terrateniente y también militante priista, a quien se le acusó durante los años subsecuentes de financiar a grupos armados para mermar a los mismos Bienes Comunales que tuvieron conflicto con su padre.
Así, las comunidades tzotziles mantuvieron una disputa abierta permanente que terminó por recrudecerse en 1995 con la creación de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, integrada por habitantes de Paraíso del Grijalva, que se formó como el presunto apoyo de la organización priista Confederación Nacional Campecina (CNC), como grupo armado antagónico a la OCEZ Casa del Pueblo y sus aliados en la región.
Desde entonces, las tensiones y los enfrentamientos se han mantenido intermitentes; contabilizando el asesinato de poco más de 40 comuneros y campesinos en las últimas décadas. Todo, sin que los habitantes de los Bienes Comunales hayan cedido a las presiones de los gobiernos y los poderosos terratenientes. Pero tampoco a la de grupos ligados al crimen organizado que no han podído hacerse del control de ese imortante corredor estatal.
Y es que, desde 2018 los comuneros decidieron organizarse por sí mimos para patrullar y evitar el ingreso del Crimen Organizado a su Bienes Comunales. De esa forma evitaron la entrada de los cárteles y sus disputas durante los últimos años. Pero bajaron la guardia recientemente, y comenzaron nuevamente en días pasados sus protestas para exigir la solución al añejo problema de sus tierras.
Por eso, lo ocurrido el pasado 24 de abril, cuando una camioneta blindada, en la que viajaban tres hombres con equipo táctico, abrió fuego para intentar romper el bloqueocarretero de OCEZ Casa del Pueblo, NO puede considerarseun hecho aislado. Sobre todo porque se da en medio de antecedentes de ataques y hostigamientos constantes contra pobladores que insisten en reclamar una solución agrariadefinitiva, que se les ha negado por casi medio siglo y debe resolverse ya… así las cosas.
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