Edgar Hernández Ramírez
Entre los reflectores encendidos por la reducción de plurinominales y el tijeretazo al financiamiento partidista, una propuesta de la reforma político-electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha pasado casi desapercibida. Sin embargo, paradójicamente, podría ser la más transformadora de todas: el fortalecimiento de la democracia participativa. No es para menos. Mientras la discusión pública se concentra en las cúpulas y los grandes acuerdos parlamentarios, la propuesta de empoderar al ciudadano en la toma de decisiones de su entorno inmediato apunta al corazón del sistema político mexicano, el municipio.
Durante décadas, la democracia mexicana se entendió como un ejercicio periódico de delegación de poder. El ciudadano votaba cada tres o seis años y, acto seguido, se desentendía –o era despojado de su capacidad de incidir– hasta la siguiente elección. En ese lapso, el poder se ejercía de manera vertical, discrecional y, con frecuencia, alejada de las necesidades reales de la gente. El referéndum, el plebiscito y la consulta popular que propone la reforma buscan romper ese ciclo; lo que se pretende ahora es que el ciudadano no sólo elija gobernantes, sino que participe en las decisiones de gobierno.
La apuesta es ambiciosa. Se trata de nada menos que horizontalizar el poder, acotar la discrecionalidad con la que alcaldes y regidores deciden el destino de los recursos públicos. En un país donde la opacidad municipal es legendaria y donde la obra pública ha sido históricamente moneda de cambio para pagar compromisos de campaña –con empresarios, grupos fácticos o financiadores políticos–, la participación ciudadana se erige como un dique de contención.
El municipio como célula madre
La relevancia estratégica de esta propuesta radica en que ataca el problema desde su base más inmediata. El municipio es la estructura política institucional más cercana al ciudadano. Es donde la gente vive sus problemas cotidianos: la calle sin pavimentar, la falta de alumbrado, la inseguridad en la colonia. También es donde la corrupción se vuelve tangible. Empoderar al ciudadano para decidir sobre su entorno no es sólo un ejercicio democratizador; es una escuela de ciudadanía. Quien participa en la decisión de construir un parque o reparar una escuela aprende que la política no es un asunto ajeno, sino una herramienta para mejorar su vida.
Pero hay más. La participación ciudadana bien instrumentada puede convertirse en un mecanismo de fiscalización más eficaz que cualquier contraloría burocrática. Cuando la comunidad decide y vigila la ejecución de una obra, los márgenes para el desvío se reducen drásticamente. No es casualidad que los gobiernos más autoritarios y corruptos sean también los que más temen a la participación ciudadana organizada.
Los riesgos del simulacro
Dicho lo anterior, conviene no caer en optimismos ingenuos. La historia de las figuras de participación en México está llena de buenas intenciones desvirtuadas. Consultas populares amañadas, plebiscitos con preguntas tramposas, ejercicios de participación que terminan validando decisiones ya tomadas. El riesgo de que estas nuevas herramientas sean cooptadas por los mismos poderes fácticos que buscan acotar es real.
Por eso, el éxito de la propuesta dependerá de los candados que se establezcan en la ley secundaria. ¿Quién puede convocar a una consulta? ¿Con qué requisitos? ¿Qué peso vinculante tendrán sus resultados? ¿Habrá presupuesto garantizado para ejecutar las decisiones ciudadanas? La letra chiquita definirá si estamos ante una verdadera revolución democrática o ante otro espejismo participativo.
Reconstrucción de lo público
Otro aspecto que vuelve relevante esta propuesta es su potencial para reconstruir el tejido social. En un país golpeado por la violencia y la desconfianza institucional, la participación comunitaria puede funcionar como un antídotocontra la fragmentación. Cuando los vecinos se organizan para decidir sobre su colonia, cuando discuten, deliberan y acuerdan, están reconstruyendo el sentido de lo público. Están aprendiendo, en la práctica, que la política no es una actividad sucia reservada a profesionales, sino una dimensión de la vida colectiva que les pertenece.
Finalmente, el fortalecimiento de la democracia participativa desde el municipio puede generar un efecto dominó hacia arriba. Un ciudadano acostumbrado a decidir sobre su entorno inmediato difícilmente aceptará después ser excluido de las decisiones estatales o federales. La dinámica virtuosa que se genere desde abajo puede terminar influyendo en las estructuras de poder más altas, contagiándolas de una lógica más horizontal y menos autoritaria.
La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum tiene muchos frentes, pero quizá este sea el más prometedor y, al mismo tiempo, el más desafiante. Porque democratizar el municipio no es sólo cambiar la ley; es cambiar la cultura política de millones de mexicanos acostumbrados a ver el poder como algo ajeno. Es enseñar, en la práctica, que la democracia no termina en la urna; sino que ahí apenas empieza.
