* Habitantes de esta comunidad de Ixtapa denunciaron multas, amenazas y la suspensión de servicios básicos, situación que ya es revisada por instancias estatales
Redacción / Alfaro Noticias
Un conflicto territorial entre habitantes de la comunidad Nuevo San Miguel Mitontic y autoridades ejidales ha derivado en la suspensión del suministro de agua potable y energía eléctrica, la imposición de multas económicas y presuntas amenazas de despojo, afectando a más de 100 familias, entre ellas niñas, niños, personas adultas mayores y recién nacidos.
De acuerdo con testimonios de los pobladores, el problema se originó en septiembre de 2024, cuando algunos propietarios realizaron trabajos de limpieza en terrenos que colindan con un predio adquirido hace más de dos décadas. Aunque dicha intervención habría contado con el consentimiento del propietario colindante, posteriormente se impusieron sanciones económicas tanto a él como a las familias involucradas, bajo el argumento de acuerdos comunitarios.
Las personas afectadas señalan que, lejos de resolverse, el conflicto se agravó con nuevas multas colectivas y restricciones que incluyen la suspensión de servicios básicos desde hace al menos 11 días. Representantes comunitarios indicaron que estas medidas se han aplicado de manera selectiva, pese a que las familias aseguran cumplir con cooperaciones y contar con documentación que acredita la posesión legal de sus predios desde hace aproximadamente 28 años.
Habitantes de Nuevo San Miguel Mitontic identificaron a integrantes de las autoridades ejidales como quienes encabezan las decisiones que han derivado en sanciones y cortes de servicios, sin que, aseguran, se les permita defenderse en las asambleas comunitarias. Advirtieron que cualquier intento de inconformidad ha generado nuevas multas o señalamientos en su contra.
La situación también involucra al propietario original del terreno, un líder religioso que denunció haber recibido amenazas, la exigencia de una multa de alto monto y la prohibición de ingresar a su predio, lo que lo llevó a abandonar la comunidad. Su familia sostiene que el conflicto responde a intereses sobre el control de la tierra y no a irregularidades legales.
Organizaciones de acompañamiento informaron que el caso ya fue turnado a instancias estatales y que existen carpetas de investigación en integración por posibles delitos como despojo, amenazas, extorsión y abuso de autoridad. La Secretaría de Gobierno de Chiapas y la Fiscalía General del Estado han sido notificadas para dar seguimiento al conflicto.
Las familias afectadas hicieron un llamado a las autoridades estatales para que intervengan de manera urgente, se restablezcan los servicios básicos y se garantice su seguridad, al advertir que la continuidad de estas medidas podría derivar en un desplazamiento forzado dentro de la comunidad.
