* La organización señala violaciones al debido proceso en el caso de Rosa, condenada por secuestro exprés pese a resoluciones judiciales previas que descartaron ese delito
Redacción / Alfaro Noticias
La colectiva Cereza denunció presuntas violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia en el caso de Rosa, una mujer indígena tseltal con discapacidad visual total, quien permanece privada de la libertad desde 2021 y fue sentenciada por el delito de secuestro exprés, pese a que, según la organización, existen resoluciones judiciales que establecen que dicho delito no se configuró.
De acuerdo con la colectiva, Rosa padece ceguera causada por retinosis pigmentaria congénita, condición documentada desde su infancia y reconocida incluso en el Protocolo Homologado de la Policía de Investigación que registró su detención. Señalan que, al momento de los hechos por los que fue acusada, la mujer ya no contaba con visión funcional, situación que fue corroborada por una valoración oftalmológica realizada días después de su ingreso al Centro Estatal de Reinserción Social número 5.
Cereza explicó que un juez federal concedió un amparo a otro de los acusados en la misma causa penal, al concluir que no existían elementos para acreditar el delito de secuestro exprés, resolución que fue extendida también a Rosa en una primera etapa del proceso. Sin embargo, en apelación, la Fiscalía habría insistido en que se le sentenciara por ese delito, lo que derivó en una condena sin que, según la organización, se permitiera a la acusada ejercer plenamente su derecho a la defensa.
La colectiva afirmó que durante distintas etapas procesales, tanto jueces como magistrados rechazaron admitir pruebas dirigidas a acreditar la discapacidad visual de Rosa, pese a que el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de discapacidad establece la obligación de valorar estas condiciones de oficio. También denunciaron dilaciones procesales y presuntas irregularidades administrativas en juzgados del distrito judicial de Ocosingo.
Este lunes 12 de enero está programada la reposición de la audiencia de individualización de la pena, en la cual, según Cereza, el juez de enjuiciamiento está obligado a admitir las pruebas periciales y testimoniales que demostrarían que Rosa no pudo haber participado en los hechos imputados. La organización advirtió que una eventual ratificación de la condena, sin valorar dichas pruebas, representaría una nueva vulneración a sus derechos humanos.
Finalmente, la colectiva hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado para revisar el caso desde una perspectiva de derechos humanos, género, discapacidad e interculturalidad, y consideraron que existe la posibilidad de que la fiscalía se desista de la acusación y promueva el reconocimiento de inocencia. Cereza reiteró que, a su juicio, Rosa es inocente y ha permanecido en prisión durante cinco años sin una sentencia ajustada a derecho.
