Simón Castillejos Bedwell
Una Reforma Electoral solo puede hacerse legitima si es parte de una Reforma Política de las Estructuras Reales del Poder Político de manera integral. Hoy para que ello se pudiera producir realmente y con trascendencia, debiera ser la expresión de un nuevo pacto sociocultural de carácter nacional, que tenga como su producto central, una nueva constitución, a partir de derechos universales constitucionales.
De otra manera, toda “reforma electoral” se reduce a adecuaciones de forma, que se traducen a expresiones de maquillaje, más allá de los discursos por incendiarios que puedan aparecen. Sin algunas formas pueden ayudar o favorecer, espacios, acomodos y supuestos equilibrios leguleyos, pero nada del otro mundo, y menos los montos del dinero salvo su origen publico o privado, no tanto personal, pues toda candidatura de lo que sea y para, lo que sea siempre representa grupos y asociaciones de intereses económicos, socioculturales, políticos y de gobierno, y en ello el tipo y formas de políticas publicas que hagan posibles, la hegemonía de tales intereses, nunca de individuos.
Así, si los recursos económicos, en especies, de todos tipos, así como los discursos e imágenes, son privados o mixtos por ley, siempre los que tengan mas paga en lo particular o en grupo, siempre serán los mas seguros “triunfadores y gobernantes con la supuesta legitimidad del llamado voto popular aunque este sea comprado, manipulado incluidas las estructuras del poder institucional, pero nunca del pueblo sin poder económico, en especie y publicitario, como se ha mostrado infinidad de veces en todo el planeta y tipos de sistemas políticos.
Por ello, siempre todos los recursos en sus distintas expresiones, deben ser públicos y expuestos a auditorias fiscales y sociales en todos los niveles y tipo de elecciones, pero siempre soportados, validados y fiscalizados por los pueblos y comunidades desde sus territorios, como una expresión inicial del Poder Popular, y no solo del gobierno en turno y sus instancias jurídicas y políticas.
Todas las aspirantes deben probar públicamente, su respaldo de por lo menos tres criterios: Contar con actas de asambleas publicas de pueblos y territorios, incluyendo sus propuestas de políticas publicas y posibles soluciones para sus demarcaciones. Tales candidaturas, podrán o no ser respaldadas por partido alguno, incorporando las dobles rondas de votación incluidos los usos y costumbres junto al derecho consuetudinario de los pueblos originarios, mixtos, jóvenes, mestizos y demás valores socioculturales.
Con las dobles rondas de votación, se eliminaría los plurinominales por partido, para ser incorporados como electos solo quienes obtengan el primer y segundo lugar,, siempre y cuando el segundo lugar obtenga por lo menos un 5 por ciento de las votaciones según cada demarcación, dónde se lleve a cabo cada proceso eleccionario, sea de carácter federal, estatal, municipal, o distrital así como por circunscripción de carácter regional, incorporando ahí, las candidaturas de pueblos originarios, donde la las dos fases de votación serían siempre por usos y costumbres de acuerdo al derecho consuetudinario, construyendo así un cuarto nivel de gobierno.
*Este artículo se vuelve a publicar ahora en su versión completa.
