* Entre enero y julio de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos (El Obse) registró 79 ataques contra activistas y periodistas, la mayoría dirigidos y vinculados a actores estatales.
Redacción / Alfaro Noticias
El Observatorio de Derechos Humanos (El Obse) reportó que, entre enero y julio de 2025, se registraron 79 agresiones contra personas defensoras y periodistas en Chiapas, un 29 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. El organismo señaló que estos hechos ocurren en un contexto donde las autoridades estatales mantienen un discurso de seguridad y pacificación.
El informe advierte que la violencia persiste bajo una narrativa institucional de aparente calma, sostenida por una estrategia de militarización creciente en el territorio. La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), pieza central de la política de seguridad estatal, concentra sus operativos en delitos del fuero común, pero ha sido señalada por violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y tortura.
De acuerdo con El Obse, el 85 por ciento de las agresiones fueron dirigidas, es decir, planeadas con el fin de obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos. El 62 por ciento ocurrieron en el ámbito físico y el 38 por ciento en el digital, principalmente a través de intimidaciones, difamaciones, vigilancia, criminalización y agresiones verbales.
Las personas más afectadas son mujeres (66%), en su mayoría activistas, periodistas y líderes comunitarias. Los ataques se concentran contra quienes defienden la tierra y el territorio, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos originarios y los derechos de las mujeres.
El informe también revela un cambio en el perfil de los agresores. Mientras en 2024 predominaban los grupos del crimen organizado, en 2025 los principales agresores identificados son actores estatales y funcionarios públicos, seguidos de actores desconocidos y, en menor medida, del crimen organizado.
Entre los casos documentados se incluyen las agresiones contra integrantes de Las Abejas de Acteal en Chenalhó, la difamación hacia la Colectiva Cereza y los Centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Matías de Córdova, así como el allanamiento del domicilio de Dora Roblero, directora del Frayba.
El Obse concluye que el miedo, la intimidación y la criminalización siguen siendo los mayores obstáculos para la defensa de los derechos humanos en el estado. “El enemigo mayor de la construcción de la paz es el miedo; hay que vencerlo para seguir caminando”, recordaba el sacerdote y defensor Marcelo Pérez Pérez, asesinado en octubre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas.
