* El Centro Prodh advierte que la modificación limita el acceso a la justicia y podría afectar derechos colectivos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su rechazo a la inclusión de un artículo transitorio de retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, medida que, aseguró, contraviene lo establecido por la Constitución. La mandataria indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar el dictamen y determinar si se mantiene el polémico transitorio, enfatizando que los juicios ya iniciados deben resolverse bajo la legislación vigente al momento de su inicio.
La reforma aprobada por 76 votos a favor y 39 en contra introduce, además de la retroactividad, restricciones al interés legítimo y limita la suspensión de actos de autoridad bajo conceptos ambiguos como “lesión jurídica” e “interés social”, lo que, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), podría dificultar que comunidades, grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos accedan a esta vía judicial.
Sheinbaum aclaró que su propuesta original no contemplaba la retroactividad ni afectaciones a procedimientos en curso, y subrayó que los juicios de amparo en trámite deben continuar aplicando la normativa vigente al inicio del procedimiento. La presidenta destacó los cambios sustantivos de la reforma, como la reducción de tiempos en tribunales para casos comerciales y fiscales, y la restricción de suspensiones inmediatas en casos de presunta evasión o lavado de dinero hasta la resolución de fondo.
Por su parte, el Centro Prodh advirtió que la redacción ambigua de la reforma amplía el margen de discrecionalidad de jueces y tribunales, lo que podría dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a actos de autoridad y limitar la defensa de derechos colectivos en ámbitos como medio ambiente, infraestructura y protestas sociales.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, donde se decidirá si se mantiene el transitorio de retroactividad y si se ajustan las disposiciones que organizaciones civiles consideran restrictivas del acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.
