* El dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum generó ajustes en puntos polémicos como el interés legítimo y las suspensiones
El Senado de la República inició este miércoles el debate del dictamen de reforma a la Ley de Amparo, luego de que fuera aprobado en comisiones con 32 votos a favor y 12 en contra. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre, es considerada una de las principales apuestas del actual gobierno en materia judicial.
El proyecto fue respaldado por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados, mientras que la oposición votó en contra, a pesar de las modificaciones introducidas a los puntos que habían generado mayor controversia. Entre estos destacan la figura del interés legítimo y las reglas sobre suspensiones, que en la propuesta original limitaban la posibilidad de interponer amparos colectivos.
De acuerdo con legisladores de la Comisión de Justicia, tras dos días de audiencias públicas se incorporaron cambios para reconocer que el interés legítimo puede ser tanto individual como colectivo, además de eliminar la exigencia de que la lesión jurídica sea actual o que el beneficio sea exclusivamente directo. Con ello, explicaron, se busca preservar la posibilidad de que organizaciones y colectivos puedan interponer amparos en defensa de derechos difusos, como los relacionados con el medio ambiente.
La reforma también contempla mantener sanciones para servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales, un aspecto que había sido eliminado en la primera versión. En materia de suspensiones, el dictamen precisa que su uso no podrá extenderse a la defensa de privilegios indebidos o prácticas ilícitas, aunque especialistas advierten que los cambios pueden restringir su alcance en casos sensibles.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, sostuvo que la iniciativa busca “garantizar un acceso a la justicia más ágil, efectiva y humanista”, mientras que legisladores de oposición y diversos especialistas alertaron sobre el riesgo de que las reformas dificulten el acceso ciudadano a este recurso, especialmente en casos de violaciones a derechos humanos o frente a megaproyectos.
El pleno del Senado continuará con la discusión en lo que resta de la semana. Se prevé que la mayoría oficialista apruebe el dictamen sin mayores contratiempos, aunque organizaciones civiles han insistido en que la reforma representa un retroceso para la defensa colectiva de derechos fundamentales.
