* Un subsecretario de Guerrero fue asesinado y un juez de Hidalgo resultó gravemente herido en ataques armados recientes
Autoridades de Guerrero confirmaron el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar en la entidad, en un ataque a balazos ocurrido la tarde del 2 de septiembre en las inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por homicidio calificado para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.
Imágenes compartidas por medios locales muestran a diversos agentes de seguridad en el lugar donde Nabor Guillén fue atacado. La presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, expresó sus condolencias a la familia del funcionario a través de sus redes sociales, señalando que se trataba de “un gran amigo y extraordinaria persona”.
Hossein Nabor Guillén se desempeñó previamente como presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018. Tras participar en las elecciones locales de 2024 para diputado y no resultar electo, se incorporó a la Secretaría del Bienestar. Su trayectoria también estuvo marcada por revisiones judiciales por presuntas infracciones durante su mandato municipal.
En un hecho separado, en Tula, Hidalgo, el juez de Control Víctor Hugo Matadamas Barranco sufrió un atentado mientras se trasladaba en su vehículo. Sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon al automóvil del juzgador, provocando que recibiera al menos tres impactos en rostro, abdomen y brazo derecho. Fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento no se reportan detenidos.
Estos incidentes se suman a recientes ataques en Guerrero contra miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), donde 13 policías comunitarios fueron asesinados en agosto pasado. La violencia dirigida contra funcionarios públicos, jueces y policías comunitarios refleja la persistencia de riesgos para quienes ejercen funciones de autoridad en diferentes regiones del país, así como la necesidad de reforzar protocolos de seguridad y protección institucional.
