* Los adolescentes fueron sustraídos de sus hogares por hombres armados; sus familias piden acceso a cárceles para identificarlos
Redacción / Alfaro Noticias
Han pasado once meses desde la desaparición de tres menores de edad en el municipio de Arriaga, sin que las autoridades estatales hayan ofrecido información clara sobre su paradero. Se trata de Ángel Fabrizicio Santiago Torales, Martín Gustavo Ramos Cruz, Emmanuel Alemán Camacho y Yuritzi Pérez Fericano, de entre 15 y 16 años, quienes fueron extraídos de sus viviendas por hombres armados en agosto de 2024.
Las y los adolescentes, todos originarios del mismo municipio, fueron sustraídos con un patrón similar: sujetos encapuchados ingresaron a sus domicilios durante el día y se los llevaron por la fuerza. Según familiares, los hechos ocurrieron en distintos barrios de Arriaga, en un lapso de 48 horas.
Desde entonces, las familias han presentado denuncias y han solicitado a la Fiscalía General del Estado que continúe con las investigaciones. Sin embargo, aseguran que ha habido demoras importantes en el proceso, sobre todo al inicio, cuando se les pidió esperar 72 horas para comenzar la búsqueda, a pesar de que la legislación mexicana prohíbe ese tipo de dilaciones tratándose de menores de edad.
En su exigencia de justicia, los familiares han pedido acceso a centros de internamiento de adolescentes, ante la sospecha de que los menores puedan encontrarse en alguno de ellos. Esta solicitud surge tras conocer que otros jóvenes del mismo círculo social fueron localizados meses después en centros tutelares, vinculados a investigaciones por delitos graves.
Organizaciones sociales, como la Colectiva Madres en Resistencia, han presionado para que el caso no quede en el olvido. Gracias a esta labor, el monto de recompensa por información que ayude a localizar a los jóvenes fue elevado a 500 mil pesos por parte de la Fiscalía, como parte de los esfuerzos institucionales para reactivar la búsqueda.
De acuerdo con testimonios, hay otros casos similares en la región, lo que ha encendido las alertas entre colectivos y defensores de derechos humanos que advierten sobre un patrón de desapariciones infantiles que requiere atención urgente.
