* Se establecerán penas de hasta quince años de prisión y multas económicas de más de 100 mil pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que refuerza el control de armas en México con nuevas sanciones a quienes fabriquen o utilicen armas artesanales, impresas en 3D o vehículos blindados de manera ilegal, conocidos como “monstruos”. Las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, también impulsan campañas educativas permanentes sobre la cultura de paz y el desarme.
La nueva normativa impone penas de entre cinco y quince años de prisión, además de multas de hasta 113 mil pesos, a quienes utilicen estos vehículos blindados adaptados para actividades delictivas. Quienes los fabriquen o ensamblen enfrentan sanciones de cuatro a diez años de prisión. Asimismo, se castigará con cárcel de hasta ocho años a quienes elaboren, distribuyan o compartan diseños e instrucciones para producir armas o sus componentes.
Además, se prohíbe portar armas reservadas para las Fuerzas Armadas o aquellas producidas con técnicas tridimensionales, réplicas o métodos artesanales, salvo excepciones claramente establecidas. También queda restringido el uso de aditamentos como miras térmicas, visión nocturna o sistemas para convertir armas semiautomáticas en automáticas.
El decreto faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para autorizar, bajo justificación específica, el uso de armamento exclusivo para la guerra y, en ciertos casos, permitir temporalmente la portación de armas a funcionarios de migración o aduanas extranjeros en tareas conjuntas en puntos de tránsito internacional.
En paralelo, el Ejecutivo y los gobiernos locales estarán obligados a implementar campañas de educación para el desarme, las cuales deberán incluir información sobre los riesgos del uso de explosivos, pirotecnia y químicos relacionados. El objetivo, según el documento, es reducir la posesión y el uso de armas, en un esfuerzo coordinado por promover la seguridad pública y la paz.
Estas reformas entran en vigor tras su aprobación en el Senado el pasado 30 de abril, como parte de una estrategia integral para frenar el tráfico ilegal de armas y fortalecer el marco jurídico sobre su uso en el país.
