* La suspensión evita que Aureoles sea privado de su libertad, incluso si en el proceso penal se determina prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional que un secretario en funciones de juez federal otorgó a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, medida que por ahora impide su captura. La resolución fue emitida por José Alberto Rodríguez Rivera, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien además fijó al exmandatario una garantía de 52 mil pesos para mantener vigente el beneficio.
Aureoles Conejo enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un daño patrimonial superior a 3 mil 400 millones de pesos, derivado de la compra irregular de siete cuarteles para la Guardia Civil en distintos municipios de Michoacán. Según las investigaciones, durante su administración se habrían adquirido inmuebles a sobreprecio en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El recurso interpuesto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la medida. Mientras tanto, la suspensión evita que Aureoles sea privado de su libertad, incluso si en el proceso penal se determina prisión preventiva justificada. Sin embargo, la condición impuesta establece que el exgobernador debe presentarse ante el juez que lo requiere en un lapso de tres días hábiles, de lo contrario, la suspensión sería revocada.
La FGR detalló que, tras emitirse las órdenes de aprehensión el pasado 28 de febrero, Aureoles abandonó Morelia en un helicóptero de la empresa Servicios Aéreos La Viña con rumbo a Guadalajara, evadiendo a los agentes que intentaban capturarlo. Aunque fue ubicado en un hotel en esa ciudad, posteriormente se le perdió la pista.
Mientras tanto, cuatro de sus excolaboradores, Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante, ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva justificada. A todos ellos se les acusa de participar en la operación irregular de los cuarteles, causando un perjuicio económico tanto al gobierno estatal como al federal.
