*Mientras el Senado se prepara para impugnar, los senadores y exintegrantes del Comité de Evaluación critican la gestión del proceso y piden que se asuman responsabilidades
El proceso de selección de candidatos al Poder Judicial sigue generando controversia debido a los señalamientos de posibles vínculos con el crimen organizado. El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificó el proceso electoral como un “desastre”. Según Castañeda, la corrección que se requiere debió haberse realizado desde la etapa de selección de candidatos y no ahora, cuando las candidaturas ya están casi definidas y hay impugnaciones sobre la mesa.
Castañeda cuestionó la falta de claridad en los procedimientos para retirar candidaturas, señalando que la configuración del proceso se hizo de manera apresurada y sin implementar filtros adecuados para evitar la infiltración de personas vinculadas a grupos ilegales. De acuerdo con el legislador, la responsabilidad recae sobre quienes organizaron este proceso, incluidos los propios poderes públicos, entre ellos el Legislativo, que, según él, no realizó una depuración efectiva de las candidaturas.
En este mismo sentido, la exmagistrada y exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, María Emilia Molina de la Puente, responsabilizó al Senado por la falta de supervisión en el proceso. Molina rechazó que el Comité tuviera responsabilidad directa en la elección de las candidaturas, argumentando que este organismo no evaluó la idoneidad de los aspirantes debido a la intervención de decisiones judiciales que alteraron el curso normal del proceso. Según Molina, fue el Senado quien aprobó las candidaturas sin una evaluación detallada, un proceso que, a su juicio, fue una falla estructural desde la reforma constitucional.
Además, Molina recordó que el Comité de Evaluación no tuvo facultades para revisar todas las candidaturas, especialmente aquellas propuestas por el Poder Legislativo, y subrayó que las reglas de selección fueron diseñadas por el Senado, lo que les da la responsabilidad final de lo sucedido. A pesar de que algunos de los nombres señalados como vinculados al crimen sí fueron analizados, ella sostiene que el Senado debe asumir su parte en la falla de diseño del proceso.
El Senado, por su parte, ha señalado que impugnará las candidaturas que considera problemáticas y ha solicitado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que intervenga para corregir las irregularidades, aunque sin tener claros los procedimientos para retirar a los aspirantes en cuestión. La falta de claridad en los procedimientos y la presión para corregir el proceso electoral ha alimentado aún más la crítica política hacia el manejo del Senado y el manejo de las reformas.
A medida que avanza el proceso electoral, las tensiones continúan entre las partes involucradas, con los senadores exigiendo una solución y los críticos del proceso pidiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones que llevaron a esta situación.
