* Un grupo de 28 familias desplazadas desde 2021, hicieron un llamado al nuevo gobierno estatal para que se les reconozca oficialmente como desplazados
Redacción / Alfaro Noticias
A tres años de haber sido desplazadas de forma violenta, 28 familias indígenas tseltales de la comunidad El Nacimiento, en el municipio de Ocosingo, denunciaron que no han recibido atención del gobierno estatal ni han sido reconocidas oficialmente como desplazados forzados. En un comunicado público, responsabilizaron al grupo armado Los Petules de amenazas, agresiones y del desalojo de su comunidad.
El conflicto inició en septiembre de 2020, cuando la escuela preescolar José María Morelos y Pavón fue beneficiada con 20 millones de pesos por un “cachito” de la rifa del Avión Presidencial. Según el testimonio de las familias, integrantes de Los Petules exigieron que el dinero se destinara a la compra de armas, con la intención de atacar a una comunidad cercana del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). La comunidad propuso destinar los recursos a mejoras escolares y religiosas, lo que provocó tensiones.
Las amenazas se intensificaron a lo largo de 2021. El 16 de marzo de ese año, Marcelo Sántiz López, quien era agente auxiliar municipal, fue baleado por negarse a entregar el dinero. Finalmente, el 18 de octubre, hombres armados desalojaron a las familias con violencia. Relatan que no pudieron sacar sus pertenencias y que el grupo armado se apropió de sus animales, tarjetas de programas sociales y otros bienes.
En total, más de 250 personas, entre ellas niñas, niños y personas mayores, fueron obligadas a desplazarse y buscar refugio en los alrededores de la cabecera municipal de Ocosingo. Desde entonces, han denunciado su situación ante autoridades municipales y estatales, sin obtener respuesta. Acusan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de negarse a reconocerlos como desplazados forzados y de favorecer a los agresores.
Además, señalaron que Los Petules han cometido otros delitos en la región, como asesinatos, agresiones armadas, violaciones y amenazas. Incluso mencionaron que dos de sus compañeros fueron detenidos ilegalmente como represalia por hacer públicas las denuncias. A pesar de estas evidencias, afirman que durante el gobierno de Rutilio Escandón no recibieron atención ni garantías de seguridad.
Las familias hicieron un llamado al nuevo gobierno estatal para que se les reconozca oficialmente como desplazados, se atienda su situación humanitaria y se investigue a Los Petules por los actos de violencia cometidos. “Aquí seguimos, exigiendo justicia y solicitando que nos atiendan. Queremos volver a nuestras tierras con seguridad”, concluyen en su comunicado.
