* Las parroquias de Venustiano Carranza, Las Rosas, Soyatitán, Socoltenango y Teopisca señalaron que los sentenciados formaban parte del concejo de Pantelhó, y advierten que sus trayectorias fueron ignoradas
Redacción / Alfaro Noticias
El Equipo Sur de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas solicitó la intervención de autoridades estatales para revisar la sentencia de 110 años de prisión impuesta a los indígenas tseltales Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, acusados de la desaparición de 18 personas en Pantelhó, el 26 de julio de 2021. Las parroquias aseguran que se trata de una resolución “injusta” basada en acusaciones sin pruebas suficientes.
Mediante una carta pública, las parroquias de Venustiano Carranza, Las Rosas, Soyatitán, Socoltenango y Teopisca manifestaron su solidaridad con los acusados, al considerar que la resolución emitida el pasado 4 de marzo por la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha representa un “error judicial” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, ambos fueron sentenciados por un delito que no cometieron.
Los sentenciados formaban parte del concejo municipal de Pantelhó durante los hechos. Pedro Cortés es catequista y candidato al diaconado permanente, mientras que Diego Mendoza es carpintero y miembro de una comunidad evangélica. Las parroquias afirmaron que sus trayectorias personales y comunitarias fueron ignoradas por las autoridades judiciales.
“La sentencia lastima la dignidad de nuestros hermanos y de todo nuestro pueblo”, señalan en la misiva, al tiempo que llaman a las siete zonas pastorales de la diócesis a realizar peregrinaciones como forma de protesta pacífica y denuncia pública. Consideran que la movilización comunitaria es necesaria para visibilizar lo que califican como una injusticia.
El Equipo Sur advirtió que este caso se suma a otros procesos que han afectado a defensores comunitarios en Chiapas, como el del profesor Alberto Patishtán. Recordaron que las comunidades religiosas han sido históricamente criminalizadas por su participación en la organización social y defensa del territorio.
El mismo expediente incluyó al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado en octubre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, sin que hasta la fecha se haya detenido a los responsables. Las parroquias insisten en que el Estado debe garantizar justicia en ambos casos y revisar posibles irregularidades en las actuaciones judiciales.
