* Constructores y ciudadanos denuncian falta de pagos, cobros irregulares y opacidad en la administración municipal
Redacción / Alfaro Noticias
Diversos contratistas de obra pública y habitantes del municipio de Copainalá han solicitado la intervención de las autoridades estatales para investigar presuntos actos de corrupción en el gobierno encabezado por Carlos Cruz Cruz, presidente municipal conocido como “El Tapana”. Las denuncias se centran en el supuesto desvío de recursos públicos, la retención de pagos por obras concluidas y el cobro de porcentajes extraoficiales para liberar dichos fondos.
Documentos entregados ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) señalan que más de cinco millones de pesos, destinados al pago de finiquitos de obras terminadas, no han sido entregados a las empresas responsables. Algunos contratistas afirman que el ayuntamiento les ha exigido entre el 15 y 20 por ciento del monto como condición para realizar los pagos, lo cual consideran una práctica de extorsión.
Uno de los señalamientos más recurrentes apunta a que, pese a haber cumplido con la documentación solicitada, los pagos siguen sin liberarse desde los primeros meses de la actual administración. Parte de estos recursos, según las denuncias, habrían sido depositados en octubre pasado, sin que exista un informe oficial sobre su destino.
Ante los señalamientos, el alcalde Carlos Cruz ha negado las acusaciones y ha ofrecido un derecho de réplica en el que sostiene que los recursos han sido utilizados en beneficio de la comunidad. En declaraciones a medios locales, aseguró que las denuncias carecen de fundamento y que la actual administración heredó problemas financieros de la gestión anterior.
Cruz Cruz también vinculó las acusaciones con presuntos intereses políticos, al afirmar que el exalcalde Javier “El Gallo” estaría detrás de una campaña para desprestigiar su gobierno. Asimismo, señaló que se han realizado observaciones a algunas empresas por irregularidades en obras previas, lo que habría frenado ciertos pagos mientras se realiza la revisión correspondiente.
En este contexto, tanto ciudadanos como empresarios han reiterado su demanda de una investigación imparcial por parte de la ASE, así como el seguimiento de los órganos internos de control para verificar el uso de los recursos públicos. Consideran que la transparencia y la rendición de cuentas deben prevalecer, especialmente en un periodo en el que el gobierno estatal ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción.
