* Los enfrentamientos, relacionados con acusaciones de acoso y un incendio reciente, afectan a los campesinos que participan en el programa federal Sembrando Vida
Redacción / Alfaro Noticias
Pobladores del ejido Altamira, anteriormente conocido como Emiliano Zapata, solicitaron al Gobierno estatal y al Delegado de Gobierno de la Zona Costa Soconusco, Alberto Monzón Gómez, su intervención debido a una serie de irregularidades cometidas por el señor Gilberto Herrera, quien, según denuncian, ha generado tensiones dentro de la comunidad e incitado la violencia en la zona.
Lucio Sandoval, representante del ejido Altamira, explicó que desde 1992 la comunidad posee 200 hectáreas de terreno, como resultado de un resolutivo del Gobierno Federal. A lo largo de los años, los pobladores se han dedicado al cultivo de diversos productos. Sin embargo, la situación de regularización de tierras ha generado conflictos internos, especialmente con Herrera, quien, según Sandoval, ha comenzado a acosar a los parcelarios.
El conflicto escaló la semana pasada cuando Herrera empezó a cercar parte de las tierras del ejido, lo que los pobladores interpretaron como un intento de despojo. Además, se sospecha que él podría estar involucrado en un incendio ocurrido el pasado sábado, un hecho que ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes.
Lázaro Cruz, uno de los comuneros, se pronunció a favor de la política de “Cero Tolerancia, Cero Corrupción” y destacó la importancia de que quienes cometan delitos enfrenten la justicia. Cruz hizo un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud y resuelvan el conflicto de manera legal.
El ejido Altamira, compuesto por campesinos que se dedican principalmente a la ganadería y al cultivo de productos como palma, maíz, pepino, chile y mango, está incluido en el programa federal Sembrando Vida. Sin embargo, los problemas derivados del conflicto por la tierra están afectando su desarrollo y tranquilidad.
Ante la situación, los pobladores del ejido Altamira pidieron la intervención del gobierno estatal para garantizar la estabilidad en la comunidad y resolver el conflicto que está generando incertidumbre y tensiones entre los habitantes.
