* Morena critica las pensiones millonarias de ministros, señalando que contradicen el impulso de democratización del Poder Judicial.
El Poder Judicial se prepara para una masiva elección popular de jueces, magistrados y ministros, programada para junio de 2025. Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, más de 9 mil personas ya se han inscrito para participar en este proceso, que tiene como objetivo democratizar la designación de los cargos judiciales y fomentar la transparencia en el sistema de justicia.
El Senado implementó un nuevo sistema de inscripción en línea, disponible hasta el 24 de noviembre. Los aspirantes deben enviar documentación como acta de nacimiento, título en Derecho, cartas de referencia y un ensayo justificando su candidatura. La medida responde al creciente interés de la ciudadanía por formar parte de esta transformación judicial y busca garantizar que el proceso sea accesible y eficiente.
A la par del avance en las inscripciones, se ha generado controversia en torno al presupuesto del Poder Judicial, particularmente por los haberes de retiro aprobados para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estas pensiones, que en algunos casos superan los 300 mil pesos mensuales, han sido cuestionadas por legisladores de Morena, quienes consideran que son excesivas en un contexto de austeridad.
El senador Antonino Morales Toledo calificó las pensiones como desproporcionadas y propuso que el Congreso de la Unión no autorice el presupuesto del Poder Judicial hasta que estas se ajusten al sueldo tabular vigente. Además, cuestionó que algunos ministros hayan expresado su oposición a la elección popular, argumentando que esta medida es fundamental para fortalecer la legitimidad del sistema judicial.
Desde Michoacán, Sheinbaum destacó la relevancia de este proceso en el marco de la llamada Cuarta Transformación. Aseguró que la elección de las personas juzgadoras es un paso hacia un sistema judicial más transparente y cercano a la ciudadanía. También reiteró que los programas sociales promovidos por su administración, elevados a rango constitucional, se mantendrán como derechos inalienables.
