* El presidente del INAI advirtió que su extinción representa un retroceso democrático y expresó preocupación por la situación laboral de los 849 empleados del organismo.
En una sesión marcada por la controversia, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) junto con seis órganos autónomos más, en un movimiento respaldado por Morena y sus aliados. La decisión traspasa funciones clave a dependencias federales, lo que ha generado fuertes críticas por su impacto en la democracia y los derechos ciudadanos.
Adrián Alcalá Méndez, presidente del INAI, calificó el hecho como “un día triste para la democracia” y aseguró que el instituto había sido fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Según Alcalá, con esta reforma se vulnera el derecho de los ciudadanos a cuestionar el ejercicio del poder público. Además, expresó preocupación por la situación laboral de los 849 empleados del organismo, quienes podrían enfrentar incertidumbre sobre su futuro laboral.
Durante el debate, la oposición señaló posibles conflictos de interés en las modificaciones legislativas. El diputado panista Federico Döring acusó que la reforma beneficia directamente a Pablo Daniel Taddei, director de Litio Mx y sobrino de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Según Döring, el cambio legislativo busca consolidar el control del litio bajo un modelo centralizado que favorece intereses particulares.
Entre los órganos afectados se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La oposición considera que su desaparición debilita los contrapesos democráticos y centraliza el poder en el Ejecutivo, mientras que Morena argumenta que estas medidas optimizarán recursos públicos y combatirán la corrupción.
La reforma también incluye la prohibición de concesiones privadas para la explotación de litio, consolidando su control bajo una empresa pública del Estado. Esta disposición ha sido señalada por la oposición como un ejemplo de cómo la reestructuración beneficia a sectores específicos en lugar de responder al interés general. Alcalá Méndez instó a los legisladores a dar claridad sobre el proceso y construir un modelo que respete la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas.
