* En su lugar, un nuevo Órgano de Administración Judicial asumirá estas responsabilidades, bajo una estructura que incluye agentes investigadores y elecciones populares para designar juzgadores.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso un paquete de reformas que busca reestructurar el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF). Entre los cambios más relevantes está la eliminación de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para velar por la autonomía e independencia judicial. Esta tarea será asignada al nuevo Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco miembros elegidos por voto popular.
La propuesta también contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar el desempeño ético y profesional de jueces, magistrados y ministros. Este tribunal contará con agentes investigadores que podrán indagar faltas administrativas, irregularidades y actos de corrupción. Además, un Órgano de Evaluación se encargará de monitorear y calificar el trabajo de los juzgadores; quienes no cumplan con los estándares establecidos podrían ser destituidos o recibir capacitación obligatoria.
Otro cambio importante es el rediseño en la administración de los recursos del Poder Judicial. Según la iniciativa, el anteproyecto de presupuesto será revisado por el Órgano de Administración Judicial antes de integrarse al presupuesto general del Ejecutivo. Esta modificación llega en un contexto de debate por los recortes presupuestales recientes al PJF.
La reforma también centraliza las funciones administrativas y de capacitación. Recursos humanos, financieros y materiales de órganos como la Escuela Judicial Electoral serán transferidos al Órgano de Administración Judicial, que se encargará de reorganizar a los trabajadores en áreas estratégicas. La Escuela Nacional de Formación Judicial tomará el liderazgo en la capacitación de juzgadores.
Un aspecto clave del paquete legislativo es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, un cambio que entrará en vigor en 2025. Durante la transición, una comisión especial liderada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, coordinará la transferencia de funciones y recursos para garantizar la continuidad del sistema judicial.
