Juan Carlos Cal y Mayor
No hay lugar para la discusión sobre el papel de la Corte en cuanto a su facultad supervisora del control constitucional. No es cierto que una reforma constitucional aprobada por una mayoría en el poder legislativo sea irrefutable, alegando que se trata del poder constituyente permanente. Lo que sí es cierto es que los legisladores de Morena y sus aliados han caído en desacato judicial, lo cual constituye un delito sancionado por el código penal. Esto es grave, ya que, les parezca justo o no, sienta un precedente para que cualquier autoridad o incluso un ciudadano alegue las mismas razones y, simple y llanamente, desobedezca la ley.
ANARQUÍA
Es lo que se conoce como anarquía o ausencia de autoridad. Sucede que la Fiscalía General de la República, una vez solicitado por la autoridad judicial, tendría que determinar si se ha violado la ley y proceder en consecuencia en contra de los legisladores. Solo que, en este caso, estos tienen fuero, aunque no licencia para delinquir. Tendría que presentarse una solicitud de desafuero por parte del ministerio público ante el Congreso, instaurarse la comisión respectiva para dejar sin fuero a los legisladores y así poder proceder. Solo que ahí Morena tendría de nuevo la mayoría para frenar el procedimiento.
PODERES FÁCTICOS
La Fiscalía es independiente, pero solo en el papel, y Morena hace y hará lo que se le dé la gana en el Congreso. La Corte no ha desaparecido ni tampoco sus atribuciones, aun suponiendo que entrara en vigor la reforma judicial. He ahí el galimatías en que los poderes de la Unión nos tienen atrapados, poniendo en riesgo a las instituciones de la república. Estamos, entonces, ante la ruptura del orden legal constitucional, ante la peor crisis institucional entre poderes de la que se tenga memoria. El país está a merced de poderes fácticos incapaces de actuar con un mínimo de responsabilidad.
ABSOLUTÍSMO
Y volvemos a reafirmar: no es cierto que la Corte carezca de facultades para revisar la legalidad de reformas constitucionales. El uso legítimo de la mayoría parlamentaria no les confiere el derecho de reformar la constitución de manera arbitraria ante principios básicos y rectores de ese cuerpo normativo. Aunque digan representar la voluntad popular, que ni enterada está de los daños que pueden ocasionarse a la forma de gobierno que hoy tenemos, no pueden, mientras siga vigente, alterarla de manera sustantiva. Nuestro régimen es representativo, democrático y federal. La forma de gobierno no es monárquica ni absolutista, sino de división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Uno legisla y establece normas, otro gobierna conforme a ellas, y el último garantiza su efectivo cumplimiento.
SIMULACIÓN
Y no es que no se pueda reformar al poder judicial, al ejecutivo o al propio legislativo. No es eso lo que está a discusión, y en ello radica la confusión infundida a propósito entre la población. Lo que el régimen pretende es una simulación. Para ello, se encargaron de prejuiciar primero a la población en torno a la idea de que la Corte no sirve al propósito de la justicia, y de que está llena de privilegios, corrupción y nepotismo. Es el mismo argumento con el que se canceló el aeropuerto de Texcoco o por el que se pretendió desmantelar el sistema de salud que al final volvieron a reinstalar. Lo mismo ocurre con los órganos constitucionales autónomos, que fueron desmantelados o dejados de adorno, como la CNDH.
ESTAFA
La reforma al poder judicial para que el pueblo elija a sus jueces es una estafa, ya que previamente serán seleccionados por Morena para que actúen conforme a sus intereses, como lo hacen ahora las tres ministras obradoristas. Más allá de desperdiciar toda la experiencia de la carrera judicial, dando lugar a aprendices afines a la doctrina cuatroteísta como principal mérito, se vulnera la independencia e imparcialidad judicial. Por ello deben velar los actuales ministros sin que les tiemble la mano. De otra manera, estaremos siendo testigos de la consolidación de un poder autoritario y arbitrario contra el que los ciudadanos no tendremos garantías de defensa. Al menos deben intentarlo para quede constancia histórica de la manera en que el actual gobierno se apoderó de todas las instituciones.
AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO: COMO SI FUERA TAN SENCILLO
Los legisladores de Morena y compañía acaban de aprobar una iniciativa para adecuar el salario mínimo a la inflación. Quieren, por decreto, dominar la economía. No entienden en lo más mínimo cómo funcionan las leyes del mercado. Se basan en el prejuicio ideológico marxista de la plusvalía, es decir, el valor que aporta a un producto la mano de obra o intelectual de un trabajador. No es simplemente aumentar por aumentar. Si fuera tan sencillo, ¿por qué no aumentar al doble o al triple los salarios y asunto resuelto? Resulta que cualquier aumento a los costos de producción incrementa necesariamente el valor del producto, y esto desata una escalada en la que el poder adquisitivo siempre termina afectado.
Lo que tiene que hacer el gobierno es reducir los impuestos, desregular la economía y evitar mayores trabas a los inversionistas. Eso incrementaría la producción y mejoraría la oferta en beneficio de los consumidores, que a la postre resultan ser los propios trabajadores. Si algo convirtió en una potencia económica a China fue precisamente su mano de obra y la desregulación del mercado. Esto sacó a 400 millones de chinos de la pobreza y mejoró notablemente su calidad de vida. Los convirtió, en poco menos de 30 años, en una gran potencia económica mundial.
