Juez desmiente acusaciones de Ricardo Monreal contra Norma Piña y trabajadores del Poder Judicial
* Luna aclaró que el evento concluyó sin incidentes y que la decisión de declarar el día inhábil fue tomada por los propios titulares de los juzgados.
El juez Miguel Ángel Luna, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de Saltillo, Coahuila, desmintió las declaraciones del senador Ricardo Monreal, quien acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de haber ordenado a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) interrumpir un foro sobre la reforma judicial en Coahuila.
Monreal, quien abandonó el evento al inicio, afirmó que la presencia de los trabajadores y la falta de seguridad provocaron que el foro no pudiera concluir. Sin embargo, el juez Luna, quien estuvo presente en el lugar, aclaró que el foro concluyó casi a las cuatro de la tarde, sin que se registraran incidentes de violencia o ataques físicos, y con la participación de todos los ponentes, incluidos dos representantes de los trabajadores del PJF.
Luna explicó que la decisión de declarar el día inhábil para que los empleados pudieran asistir al foro fue tomada por los propios titulares de los juzgados y tribunales de Coahuila, conforme a sus atribuciones legales. Negó rotundamente que la ministra Piña estuviera detrás de esta medida o que esté intentando radicalizar a los trabajadores para frenar la reforma judicial impulsada por Monreal.
El juez subrayó que la movilización de los empleados del PJF responde a su legítima preocupación por los efectos que la reforma podría tener en su trabajo y en la institución. Afirmó que ni la ministra ni los titulares de los juzgados han dado instrucciones para obstaculizar el proceso legislativo, como sugiere Monreal.
Asimismo, Luna cuestionó la actitud del senador, al señalar que su insistencia en aprobar la reforma judicial sin un verdadero diálogo contradice la naturaleza “abierta” de los foros. Según el juez, esto evidencia que el objetivo no es discutir con los sectores afectados, sino imponer una reforma sin considerar sus preocupaciones.
Por último, el juez reafirmó que los trabajadores del PJF solo están expresando su opinión sobre una reforma que consideran perjudicial para la institución en la que laboran, y que este derecho debe ser respetado en un auténtico proceso democrático.
