* Habitantes responsabilizan a la organización PAPICH de desalojar a quienes no apoyaron al candidato del PT, Gaspar Santis; PAPICH niega las acusaciones y llama a la paz en la comunidad.
Daniela Alfaro
Tras la reciente renuncia del Concejo Municipal, los habitantes de Altamirano han denunciado que la organización de los Pueblos Autónomos para la Protección de los Indígenas Chiapanecos (PAPICH), ha comenzado a desplazar a quienes no apoyaron al candidato del Partido del Trabajo (PT), Gaspar Santis, quien resultó vencedor en los comicios.
Según los testimonios, hombres, mujeres, ancianos y niños iniciaron un éxodo forzado ante las amenazas recibidas. Los habitantes afirman que las acciones de PAPICH han generado un ambiente de miedo en la comunidad. Relatan que los miembros de esta organización están sacando a las personas de sus propiedades, obligándolas a abandonar sus hogares.
“La situación es crítica. Muchas familias han tenido que dejar todo atrás y buscar refugio en otras localidades para evitar represalias,” reveló un testigo, cuya identidad ha sido resguardada por motivos de seguridad.
En respuesta a estas acusaciones, PAPICH emitió un comunicado negando rotundamente su involucramiento en las invasiones de tierras y desplazamientos forzados. La organización afirmó que su misión es proteger a la comunidad indígena y no realizar invasiones. PAPICH también condenó las acciones de desalojo llevadas a cabo por otros grupos y pidió paz para el municipio de Altamirano.
“Ante la información que circula en diversas plataformas sobre el desalojo y desplazamiento forzado de algunos habitantes en el municipio de Altamirano, PAPICH se deslinda de esta invasión de predios y condena estas actividades. Estas acciones afectan a los residentes del municipio y nosotros abogamos por la paz,” manifestaron en su comunicado.
Los habitantes de Altamirano han alertado a las autoridades locales y a organizaciones de derechos humanos sobre la crisis, aunque hasta el momento no se han tomado medidas efectivas para detener los desalojos y brindar protección a los desplazados. Según los denunciantes, esta situación resalta la urgencia de una intervención gubernamental que garantice la seguridad y el bienestar de los habitantes.
