Héctor Estrada
En un conteo de cifras rojas interminable, Chiapas vive hoy una de sus peores rachas de violencia criminal, que en tan sólo cinco días sumó al menos 13 casos de secuestros, ejecuciones y aparición de cuerpos ultimados; destacando lo ocurrido al propio secretario de Seguridad Pública del municipio de Berriozábal, Germán Alegría Estrada.
Y es que, si bien lo acontecido en el centro del estado (con el secuestro y asesinato de Germán Alegría y sus dos empleados policiales) es motivo de escándalo, no se puede perder de vista lo ocurrido en Soconusco. De los trece casos documentados con víctimas identificadas, ocho ocurrieron en Tapachula, registrando tres diferentes episodios en menos de 24 horas.
El pasado jueves fueron tres hombres y una mujer quienes perdieron la vida en un ataque armado dentro de la colonia Benito Juárez, mientras otra persona más fue ejecutada al salir de un supermercado. La cifra se completó este domingo y lunes con el asesinato de un hombre frente a su familia y la localización consecutiva de dos cuerpos en la misma zona de la ciudad.
Las cartulinas y videos con narcomensajes tampoco faltaron esta vez. El asunto parece haberse convertido ya en parte de una cotidianidad incómoda, pero real. Y no es pare menos. Tan sólo en enero pasado se contabilizaron 24 ejecuciones, según un conteo realizado por el diario La Jornada. los municipios de Suchiate y Tapachula, ubicados en la frontera con Guatemala fueron los de mayor incidencia ese mes.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo Chiapas, 2023 cerró con el número más alto de homicidios de los últimos cuatro años, con 494 casos. Julio, agosto y octubre fueron los meses en los cuales se perpetraron más crímenes, con 48, 50 y 60, respectivamente. Sin embargo, organizaciones civiles aseguran que las cifras oficiales presentadas por las autoridades judiciales están realmente muy por debajo de los datos reales.
Se trata de un fenómeno que ha generado desplazamientos poblacionales importantes en la entidad. Como muestra de ello, el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, elaborado por organizaciones como el Centro Frayba, la Red TDT, Colectivo de Monitoreo-Frontera Sur, entre otras, dio a conocer que de 2021 a la fecha al menos 10 mil personas en Chiapas han sido desplazadas por la guerra del narcotráfico.
Tan sólo durante enero, alrededor de tres mil personas tuvieron que huir de sus hogares en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia ante el avance los grupos criminales que amenazaban con extorsiones y reclutamientos forzados. Además de otros tantos episodios en municipios como Reforma, San Cristóbal de las Casas, Jiquipilas, Cintalapa, Parral, Villaflores y Comalapa, entre otros más.
Y es que, no se trata de un secreto a voces, sino de una realidad bastante expuesta en el acontecer estatal, con episodios que no permiten superar la capacidad de asombro. Por eso lo ocurrido este fin de semana cobra relevancia, porque ha vuelto a exponer las entrañas de una disputa criminal que hace sólo algunos años parecía lejana para las y los chiapanecos, pero ahora se ha vuelto prácticamente parte del día a día para miles de familias… así las cosas.
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