Sr. López
Nada alivia la amargura del momento: el pasado martes, 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, fueron secuestrados por un grupo de criminales armados. Su vida peligra.
Las autoridades estatales informaron de la inmediata puesta en marcha de un operativo de búsqueda con más de mil elementos de distintas corporaciones tanto del estado como federales. El tiempo apremia, su vida peligra.
Se han publicado por las redes al menos dos videos en los que los secuestrados dicen estar siendo bien tratados, manifestando peticiones de los criminales que los retienen, dejando claro que su vida peligra.
Ayer se dijo que ya habían sido liberados. No era cierto, ojalá lo sea cuando usted esté leyendo pero a la hora de escribir esto, la vida de esas 16 personas seguía en peligro.
No tiene uno criterio ni formación para emitir opinión sobre los videos que se han conocido pero sí sabe que tanto las autoridades estatales como las federales tienen expertos calificados que ya deben haber obtenido información y sacado conclusiones de esos videos; aparte de que la SSyPC de Chiapas cuenta con personal altamente capacitado en el rastreo de comunicaciones vía telefonía celular, lo que alimenta la esperanza de que alguno de los criminales que intervinieron en el secuestro, haya usado su teléfono o lo haya tenido encendido durante la comisión de los hechos y las autoridades los puedan rastrear. Urge, urge muchísimo, son 16 personas cuya vida peligra.
Sin duda, los policías e investigadores del estado deben tener una idea bastante cercana a la realidad sobre quién o quiénes organizaron este secuestro y para qué. Por lo pronto hay dos sospechosos detenidos en las inmediaciones del lugar del secuestro. Pero pasan las horas y crece el temor porque esas 16 vidas peligran.
Lo que sí es una certeza firme es que de ninguna manera se pueden conceder las peticiones de los criminales que tienen secuestrados a esos 16 hombres. De ninguna manera. Hacerlo pondría en peligro al resto del personal del gobierno del estado. Hacerlo, envalentonaría a los criminales que así sabrían que para obligar a las autoridades a lo que a ellos les pegue la gana, el camino es secuestrar a personal del gobierno. Eso no. Y también debe decirse que el silencio del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, es lo correcto; ya habrá tiempo de hablar del asunto, pero por ahora, la palabra la tienen exclusivamente, las autoridades policiales. No es momento de declaraciones.
El caso alcanzó a la prensa de otros países. No podía ser de otra manera, es un hecho de inmensa gravedad en el que a cada hora que pasa, crece el peligro de esas 16 vidas.
Por cierto, en la conferencia de prensa presidencial de la mañana de ayer, un reportero sacó el asunto y el Presidente respondió:
“Sí, estamos trabajando… eh… sobre esto… eh… son trabajadores del penal de… Ocozocoautla… eh… que… fueron detenidos… eh… secuestrados… y… estamos trabajando en eso y en otras investigaciones pero ya estamos actuando…” (Otra pregunta que no se alcanza a entender, responde el Presidente), “… la instrucción es que… se rescaten… y desde luego con vida que es lo que deseamos a los que fueron secuestrados y decirle a los… eh… eh… a los delincuentes… que no va a haber impunidad ya que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y… eh… tienen a… García Luna o a su equivalente, no, que los va a proteger… lo mejor es que los liberen…si no (sonríe el Presidente) los voy a acusar con sus papás (sonríe el Presidente) y con sus abuelos (sonríe el Presidente)… ya ven que salió… este… un Amlito (sonríe el Presidente)… ¡ah!, ya no puedo hablar de eso…”
Sin magnificar el asunto: es inadmisible que el Presidente bromee al tratar un caso en el que 16 colaboradores de la SSyPC de Chiapas, están secuestrados con peligro cierto a sus vidas. Inadmisible. Y por encima de todo, triste. Sí, muy triste ver qué tratamiento merece de parte del Presidente, algo de tal gravedad. ¿Va a acusar a esos criminales con sus papás, con sus abuelos?… nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, señor Presidente, no lo vamos a acusar a usted con sus papás ni con sus abuelos, no, solo vamos a mantener muy claramente en nuestra memoria que por primera vez en nuestra historia, hemos tenido en el cargo más alto del gobierno nacional a alguien tan cruel. Esto, nada lo borra.
Esperando con toda el alma que esos 16 recuperen su libertad muy pronto, tratemos brevemente sobre el bautismo de fuego de la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien por instrucciones del Presidente de la república envió un oficio a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, solicitando le informe en cinco días, sobre las acciones que ha tomado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, el cual establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la república. ¡Vaya!
Fundamenta su solicitud doña Alcalde, en el artículo 27, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se dispone que corresponde a la Secretaría de Gobernación: “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país (…)”. Muy bien. Lástima que esa Ley según establece su artículo primero, es aplicable solo al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Así que, por ahí no.
Pero si de cumplir el artículo 127 de la Constitución se trata, conviene tener presente que la misma Constitución, en el artículo 94, párrafo trece, ordena que no puede ser disminuida la remuneración de los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales.
Eso pasa por andar mandando oficios sin cambiarles una coma, asumiendo el ridículo como precio de la lealtad… y eso no es lealtad.
