Héctor Estrada
La ola de denuncias por parte de organizaciones ambientalistas, las recomendaciones emitidas por organismos no jurisdiccionales y los procedimientos judiciales ante autoridades de protección al medio ambiente parecen no haber sido suficientes durante los últimos años para detener -de manera definitiva- los daños provocados por la empresa Cales y Morteros del Grijalva al emblemático Parque Nacional Cañón del Sumidero. Pero ¿qué intereses poderosos han protegido a la empresa ecocida?
Desde a principios del sexenio de Juan Sabines Guerreo la defensa organizada de ambientalistas y colonos afectados por las operaciones de la empresa extractora comenzaron a endurecerse. La empresa inició sus operaciones de explotación en 1963, y desde entonces se ha mantenido trabajando solapada por los tres niveles de gobierno que, por omisión o conveniencia, se han hecho de “la vista gorda” ante la evidente devastación.
Las afectaciones no son para menos. Desde 2003 se comenzó con la aplicación de estudios progresivos que demostraron los daños que se estaban provocando a esta área natural. Las denuncias mediáticas, las manifestaciones sociales y la “declaracionitis” de incontables funcionarios en contra de Cales y Mortero del Grijalva se volvieron una tradición de cada año.
Según los expertos, el principal problema legal que complicó inicialmente la clausura definitiva tiene que ver los permisos otorgados previos a la legislación estatal que norma la extracción de materiales pétreos y al decreto del Cañón de El Sumidero como parque nacional en 1981, por lo que la empresa se mantuvo bajo un amparo legal que impedía el cese de sus actividades.
Aunado a esto y documentado por las propias autoridades de la Secretaría de Salud, durante las últimas décadas decenas de familias de la colonia Rivera de Cahuaré han padecido graves afectaciones de salud; una situación que los motivó en más de una vez a tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa extractora.
Y es que, de manera silenciosa, desde a principios de 2010 la calera decidió iniciar el uso de la sustancia Pet Coke (compuesto señalado como toxico de acción lenta) para agilizar los procesos de las calderas y así conseguir ahorros sustanciales en los gastos de operación por el uso de combustibles.
Fue en el mes de septiembre de 2011 cuando los habitantes del poblado interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación la primera demanda colectiva en el estado de Chiapas contra la empresa Cales y Morteros del Grijalva, acusando daños a la salud, afectaciones a viviendas y perjuicios ambientales en la zona.
La demanda fue interpuesta por poco más de cien personas ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales con número de registro 000963/2011, en manos del juez Juan Manuel Vázquez Fernández; sin embargo, tras los cambios de gobierno el año siguiente (2012), el asunto no prosperó de manera extraña.
Con la llegada del gobierno de Manuel Velasco Coello las cosas de complicaron aún más. Pese a las promesas del nuevo gobierno verde ecologista y las evidencias documentadas sobre el daño provocado por Cales y Morteros del Grijalva la empresa fortaleció su inmunidad.
La amistad entre la familia Velasco y la familia Muguira, entonces propietaria de la empresa, se convirtió en una aduana de protección inquebrantable. Mediante la intervención constante del ex secretario de medio ambiente estatal, Carlos Morales Vázquez, el ex gobernador chiapaneco se encargó de engañar a las agrupaciones defensoras y detener todo procedimiento legal de clausura contra la empresa.
El último gran desencuentro provocado por el tema terminó con la renuncia del entonces titular de la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, Francisco Gurgua, quien realizó un frustrado procedimiento de clausura en mayo de 2017, cuyo expediente finalmente fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (FEPADA), debido al flagrante desacato de la empresa para detener sus operaciones.
La acción unilateral desató la ira del entonces gobernador Manuel Velasco, provocando un desencuentro con el entonces procurador ambiental estatal, ordenando de manera inmediata la desarticulación y el “congelamiento” de proceso legal. Velasco se convirtió en uno de los más grande protectores de la empresa para garantizar el proceso de compraventa que finalmente dejó en manos del Corporativo Monclova la operatividad de Cales y Morteros del Grijalva, entre 2016 y 2017.
La historia de esta vieja problemática, plagada de negligencias y complicidades quedó constatada en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018, en la que quedaron demostradas las “omisiones de la Semarnat y del Gobierno de Chiapas para realizar las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural del parque nacional y la salud de los habitantes de la región”.
La CNDH acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo Conciliación con la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el gobierno del estado de Chiapas, que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del expediente.
La CNDH señaló que, aun cuando se encuentra dentro de los límites del “Cañón del Sumidero” –declarado Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta desde 1999 con Licencia de Funcionamiento expedida por la Semarnat, actualizada en dos ocasiones, a pesar que la legislación vigente prohíbe la realización de ciertas actividades productivas en la zona.
Hoy se calcula que al menos dos mil 600 hectáreas han sido devastadas en su totalidad, una importante porción de la pared oriente en la zona aledaña a la calera presenta profundas grietas visibles y miles de habitantes de la Rivera de Cachuaré padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas toxinas. Se trata pues de un asunto grave que no puede seguir esperando más.
Ni el maniatado uso de sus trabajadores para generar tramposas empatías son argumentos suficientes para que la empresa continúe provocando tantos daños. Cales y Morteros del Grijalva debe detener sus operaciones de manera inmediata para terminar de una vez por todas con una larga historia de devastación ambiental, saqueo y daños a la salud, solapadas por intereses y complicidades de gobiernos turbios… así las cosas.
