* Agremiados de Tapachula solicitaron investigar posibles irregularidades en el proceso que derivó en la integración de un comité electoral del sindicato
Redacción / Alfaro Noticias
Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH) de Tapachula denunciaron presuntas irregularidades en la asamblea general realizada el pasado 10 de enero de 2026, en la que se designó a un comité electoral que posteriormente recibió toma de nota por parte del Juzgado Tercero en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado.
A través de una carta abierta dirigida a autoridades estatales, judiciales y sindicales, integrantes de la delegación Tapachula señalaron que sus nombres habrían sido utilizados sin autorización en listas de asistencia presentadas para acreditar el quórum de dicha asamblea.
Los inconformes afirmaron que, tras revisar la documentación difundida en publicaciones de redes sociales, detectaron firmas que, aseguran, no corresponden a las personas enlistadas. Entre los señalados como afectados se encuentran trabajadores en activo, jubilados, pensionados e incluso personas que, según el documento, no pertenecen al sindicato.
Los firmantes sostienen que no asistieron a la asamblea, no fueron convocados conforme a los estatutos y tampoco autorizaron el uso de sus datos personales.
Según los trabajadores, en diciembre de 2025 se llevó a cabo la elección para renovar la dirigencia, resultando ganadora una planilla a la que posteriormente se le negó la toma de nota, decisión que actualmente se encuentra impugnada mediante un juicio de amparo indirecto ante instancias federales. Posteriormente, el 10 de enero de este año, se realizó la asamblea cuestionada, en la que presuntamente fue nombrado un comité electoral que sí obtuvo reconocimiento oficial.
Los denunciantes señalaron que la autenticidad de las listas de asistencia es un elemento fundamental para validar el quórum y la legalidad de cualquier asamblea sindical, por lo que, de comprobarse irregularidades, los acuerdos derivados podrían carecer de validez jurídica.
En el documento también solicitaron a la Fiscalía General del Estado iniciar una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con falsificación y uso de documentos falsos, además de pedir la realización de peritajes en grafoscopía y documentoscopía.
Asimismo, hicieron un llamado al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se garantice que las actuaciones judiciales vinculadas al caso se conduzcan bajo principios de legalidad e imparcialidad.
