* Los expedientes serán reasignados a otra ponencia para continuar el análisis de los recursos promovidos por una empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la ministra María Estela Ríos González no podrá participar en la discusión ni en la resolución de dos amparos promovidos por la empresa Desarrollos Zapal, vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionados con un litigio por terrenos ubicados en Baja California Sur donde se proyecta desarrollar una mina de oro a cielo abierto.
La decisión fue aprobada por unanimidad del Pleno, que consideró fundado el impedimento planteado contra la ministra debido a su participación previa en actos administrativos vinculados al caso cuando se desempeñó como directora general de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los recursos judiciales fueron promovidos por la empresa para controvertir la situación jurídica de los predios “Jesús María” y “El Encanto”, ubicados en el municipio de La Paz e integrados a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. Dichos terrenos fueron incorporados al patrimonio administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mediante un decreto publicado en 2019.
Durante la revisión del impedimento, se estableció que Ríos González intervino en la emisión del acto administrativo cuestionado en los juicios, ya que formaba parte de la dependencia encargada de publicar el decreto y aparece entre sus firmantes. Por esta razón, el Pleno concluyó que existe una causa legal para que se excuse de conocer los amparos.
El litigio está relacionado con el proyecto minero Los Cardones, mediante el cual la empresa busca desarrollar una mina de oro a cielo abierto en una zona de Baja California Sur. En instancias previas, tribunales federales negaron la protección constitucional solicitada por la compañía al considerar, entre otros aspectos, que no acreditó la propiedad de los terrenos en disputa.
Además, el Tribunal Superior Agrario confirmó previamente la validez de los actos mediante los cuales los predios fueron reconocidos como propiedad de la nación, resolución que también forma parte del contexto jurídico del caso.
Los amparos fueron atraídos por la Suprema Corte este año debido a la relevancia del asunto. Tras la resolución del impedimento, los expedientes dejarán de estar bajo la ponencia de Ríos González y serán enviados a otro integrante del máximo tribunal para la elaboración de los proyectos de sentencia que posteriormente serán discutidos por el Pleno.
