Sr. López
Un primo toluqueño de este López contrajo nupcias intempestivamente, con una señorita cuya anatomía y rostro explicaban sobradamente las prisas (cuando el cura fue por ellos a la puerta del templo, para el paseíllo rumbo al altar, tuvieron que empujarlo: petrificado se quedó ante la novia). El primo no era un Tarzán, sino más bien como un hijo feo de Héctor Lechuga y Jo Jo Jorge Falcón… pero rico como Creso (siglo VI AC… ¿no se acuerda?; bueno, poquito menos que Slim). El caso es que el primo pronto percibió que le brotaban unos como granitos en la frente y todo eran discusiones y juramentos de fidelidad absoluta de ella, quien le decía que no fuera inseguro; pasaron los meses y todo Toluca comentaba las astas de alce irlandés del primo (“Megaloceros giganteus”: 3.5 metros de cuernos de punta a punta). Por fin, luego de mucho dudar, contrató un despacho de detectives privados de la Ciudad de México (el de Valente Quintana), que en pocos días justificó sus abultados honorarios con una carpeta de fotografías que hubiera escandalizado a la Rompecatres. Ante la evidencia gráfica, la mancornadora múltiple, indignadísima, soltó: -¡Pero con qué derecho me andas espiando!… -todavía se ofendió.
Leída que fue, palabra por palabra, la novísima “Ley de Seguridad Interior”, objeto de críticas y protestas que van de lo cómico a lo trágico, de lo sesudo a lo imbécil, se percibe el desagradable tufo del oposicionismo a ultranza en contra de todo lo que haga el presente gobierno federal.
La dichosa ley pretende normar y regular la acción del ejército y la marina armada, en la lucha contra la delincuencia organizada. No hacía falta… pero sí hacía falta.
No hacía falta porque la Constitución del país tiene previsto en su artículo 89 (fracción VI), que es facultad y obligación del Presidente de la república: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” (copiado a la letra).
Está muy difícil sostener que no está en riesgo la seguridad interior del país por obra y gracia de la delincuencia organizada. El Presidente puede y debe disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para preservarla. Sin duda.
Por eso no hacía falta esta ley que tan extrañamente repudian algunos no pocos ni tontos (más bien “listos”).
Pero sí hacía falta porque la misma Constitución manda en el artículo 129, que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Prueba de que nuestra “Carta Magna” como le llaman inapropiadamente a la Constitución, necesita una buena sacudida, porque contiene contradicciones (y regulaciones que deberían formar parte de leyes secundarias… es otro tema).
Por eso no y sí, hacía falta. No, porque la Constitución ordena que el Presidente le eche encima las fuerzas armadas al que ponga en peligro nuestra seguridad interior (que es el caso). Sí, porque de no hacerlo, cualquier día un Savonarola español nos detiene un General en Londres, lo juzgan y lo encarcelan, con fundamento en el 129 muy a pesar del 89.
Medios de comunicación muy reconocidos, más la ONU y ONGs, están echando lumbre contra esta ley que tachan de “militarización” del país, inminente atropello a nuestros derechos fundamentales (nos van a “espiar”, ¡uy, qué miedo!), sosteniendo que se viola nuestra multípara Constitución, aunque en ella misma se faculte al Congreso a legislar sobre el tema (artículo 73, fracción XXIX-M: “el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”), pero de lo que se trata es de mantener los fierros en la lumbre (y junto con eso que no se nos olvide que don Peña Nieto dijo “volvido”, como si hubiera usado el lábaro patrio como papel sanitario… ¡no es para tanto, caballeros del buen decir!)
Por cierto: ya en 1996 la Suprema Corte (tesis SCJN2), mandó a volar la acción de inconstitucionalidad que interpuso Leonel Godoy, porque los militares estaban en Michoacán poniendo pecho a las balas (que los narcos no echan cuetes ni avientan rosas), le respondieron que no dijera tonterías, que el Presidente tiene facultad para eso (se lo dijeron bonito, pero en resumen fue eso). Y lo de poner el pecho a las balas se dice fácil, pero no cualquiera (al del teclado, bórrenlo de la lista), y menos por los 7 mil y pico de pesotes mensuales de sueldo de los soldados.
Si ha habido y hay abusos de los militares, no se puede negar: seguro que sí; en todo lo humano es posible lo esperpéntico (hay curas pederastas; “boy scouts” beodos; y médicos que abusan sexualmente de cadáveres; el museo de lo execrable es inmenso). Pero es una enorme injusticia afirmar que nuestras fuerzas armadas permiten, ordenan o toleran barbaridades. Es lo único respetable que le queda a México. Vamos dejando de tentalearles el prestigio. No lo merecen ellos ni nuestro país. Los que se desgañitan repitiendo sin mentir, tal o cual caso de atropello a los derechos humanos, deberían también, pasar una tarde conversando con viudas, huérfanos, madres y padres de soldados que han perdido la vida, o lo han visto desollados vivos por delincuentes que rebasan los límites creíbles de la maldad.
Por último: no por esta ley van a salir los militares a combatir la delincuencia organizada. Estaban ya desde antes: son indispensables; pregunte a los pobladores de las regiones que cuidan si quieren que se retiren: de ninguna manera.
Junto con esta ley lo que debía hacerse es un solemne homenaje nacional a quienes están haciendo lo que los civiles no pudimos o no quisimos hacer. Cuando se cruce con ellos en alguna calle o carretera, salúdelos, muestre su agradecimiento, sí son gente, lo mejor de nuestra gente.
