* Activistas y organizaciones feministas señalaron que la condena de Alejandra se basa en pruebas circunstanciales y en la criminalización de su relación familiar.
Redacción / Alfaro Noticias
Alejandra, una mujer indígena tseltal del municipio de Yajalón, fue sentenciada a 110 años de prisión por el delito de secuestro agravado. La condena fue dictada a pesar de la falta de testigos directos y peritajes que demuestren su responsabilidad en el delito, según denunció la Colectiva Cereza. La sentencia se basa en elementos circunstanciales, lo que, según la organización, representa una violación a los derechos humanos.
La Colectiva Cereza, que brinda acompañamiento legal y psicosocial a mujeres en situación de cárcel, señala que el caso de Alejandra refleja una problemática más amplia en el sistema judicial de Chiapas, donde se criminaliza a las mujeres por su relación con personas acusadas de delitos. En este caso, Alejandra fue señalada únicamente por ser pareja de uno de los acusados, sin pruebas contundentes que la vinculen al crimen.
Alejandra, madre de tres hijas, permanece en el penal de San Cristóbal de Las Casas, mientras su defensa sostiene que la geolocalización de los teléfonos y otros testimonios demuestran su inocencia, ya que no estuvo en el lugar de los hechos en el momento del secuestro. A pesar de esta evidencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el juez optaron por ignorar estos datos y mantener la condena.
En este contexto, la Colectiva Cereza destaca que muchas mujeres en Chiapas enfrentan procesos judiciales injustos debido a la falta de una adecuada defensa técnica y la insuficiencia de pruebas. Además, señalan que los peritos de la Fiscalía a menudo carecen de la preparación técnica necesaria, lo que contribuye a la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de acusaciones injustas.
La Colectiva Cereza y diversas organizaciones sociales han llamado a una revisión exhaustiva del caso de Alejandra, exigiendo que se garanticen sus derechos humanos y se le ofrezca una defensa adecuada.
