* El gobierno federal informó que ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas desde 2018 ha sido concretada por autoridades estadounidenses
El gobierno de México confirmó que Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
La información fue dada a conocer durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, presentó un balance sobre las solicitudes de extradición y detención provisional realizadas por México a Estados Unidos entre enero de 2018 y mayo de 2026.
De acuerdo con los datos expuestos, el gobierno mexicano ha presentado 269 requerimientos relacionados con personas acusadas de distintos delitos, entre ellos exfuncionarios, presuntos operadores financieros y personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, ninguna de las solicitudes ha derivado en una entrega formal a México.
En el caso de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, las autoridades estadounidenses habrían rechazado la petición al considerar que los delitos imputados no son catalogados como violentos. El abogado es investigado por su presunta relación con una red de empresas factureras vinculada a un supuesto desvío millonario de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Durante la conferencia, el gobierno federal también señaló otros expedientes pendientes, entre ellos el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como casos relacionados con Ayotzinapa y presuntos delitos financieros.
La presidenta Sheinbaum cuestionó la falta de resultados en los procesos de extradición y pidió “reciprocidad” por parte de Estados Unidos en la cooperación bilateral en materia judicial. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que ambos países suelen solicitar información adicional o negar detenciones provisionales como parte de los procedimientos establecidos en el tratado bilateral.
