Sr. López
La abuela Elena oyó de su papá que allá en pleno siglo XIX, en Autlán y alrededores, hubo una gavilla dematones que robaban ganado, monturas y chamacas, y que no lo decían pero todos sabían que un viejoranchero de la región, Mauro, era el capitoste de ese hatajo; que una vez el papá de su papá, Miguel, para celebrar su santo organizó una comilona en su rancho a la que “para no tener problemas”, invitó al tipo y su gente; que llegaron el Mauro y más de 30 gañanestodos armados; que comieron a hartarse, bebieron más y al son de la música, zangolotearon a su gusto a las chamacas… ¡Ah!, se me pasaba: no quedó vivo ni uno. Cuando el Alcalde le reclamó al abuelo de la abuela, decía que le dijo: -¡Mire!… y yo dudando en invitarlo…bueno, cuando quiera le hago su fiesta -y ya.
Ni quien se fijara pero el viernes pasado, se informó que el gobierno de los EEUU, aplicó sanciones a la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández y su exministro de Planificación Federal, por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”. Tan frescos.
El comunicado del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, indica “(…) abusaron de sus cargos (…)lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”. ¿Y a ellos, qué?
El documento del Departamento de Estado yanqui, explica: “Estas designaciones públicas se realizan en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (…)”; y añade: “La Sección 7031(c) exige al Secretario de Estado designar (…) a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga información fidedigna de participación en actos significativos de corrupción o en una grave violación de los derechos humanos”.
Es su ley y para gusto (o indignación), del mundo, la aplican a ciudadanos extranjeros y cuando les viene en gana, porque según el tal Rubio: “Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio. Estas sanciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en las más altas esferas del gobierno”.
¿Usted es de los que se indigna?… bueno, en su derecho está. Pero eso no va a detener a los EEUU. Son el imperio.
No es la primera vez, ni de lejos. El 9 de marzo del 2022, se la aplicaron al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, con -dijo entonces el Departamento de Estado-, base en “evidencia creíble de actos significativos de corrupción”, y agregó: “(…) nadie, por más alto rango que tenga o haya tenido, debe estar por encima de la ley (…) para aumentar la transparencia y el estado de derecho, combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana”. Lea con calma: “estado de derecho”, “corrupción”, “narcotráfico”, “seguridad ciudadana”.
Para torcer al expresidente Bucaram, siguieron la pista y realizaron sus averiguatas, 25 años; el caballerito dejó el cargo el 6 de febrero de 1997. Los EEUU no tiene prisa, nunca, actúan cuando les conviene y da la gana. Cuando sucedió, aclaró la autoridad yanqui: “Continuaremos tomando medidas enérgicas contra el financiamiento ilícito, congelando e incautando activos robados, denegando o revocando visas, utilizando sanciones anticorrupción específicas y acciones penales y civiles de ejecución”. No lea a las carreras: “acciones penales y civiles”. No bromean.
Tan no bromean que el año pasado, el 9 de octubre, se la aplicaron también al expresidente de Ecuador, Rafael Correa y a su exvicepresidente, Glas Espinel, “por sus implicaciones con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos”.
Dirá alguno que traen de encargo al Ecuador. No. Lo más que pudo rastrear su texto servidor es que en dos años -2018 al 2020-, el Departamento de Estado yanqui, emitió 215 sanciones, aplicando la Sección 7031 (c), en 36 países (110 por corrupción y 105 por violación de derechos humanos); y nuestra América Latina es la campeona: Guatemala tiene 17 personajes públicos (y sus familiares), sancionados; El Salvador, tiene 14: Cuba, 11, entre ellos Raúl Castropor violaciones a los derechos humanos; Paraguay, 10; y 9 la República Dominicana.
De Nicaragua en 2020, por corrupción durante su mandato le tocó a su expresidente Arnoldo Alemán, que dejó el cargo en 2002, pacientemente, 18 añitos empollaron el asunto.
Por los enormes tiempos que se dan para sus pesquisas y la espera del momento en que les conviene actuar, para según ellos perseguir violaciones a los derechos humanos y corrupción,cometidos fuera de los EEUU, se inventaron esa Ley de Asignaciones de la que forma parte la Sección 7031(c), que no tiene prescripción porque tienen otra, la Ley Global Magnitsky, para lo mismo pero con cinco años de plazo de aplicación. Se repite: nos guste o no.
Interesante el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Dejó el puesto en enero de 2022. En 2019, en un juicio en un tribunal de Nueva York, un testigo afirmó que había recibido de un tercero, un millón de dólares para una campaña política… de parte del Chapo Guzmán. Don Juan Orlando, reaccionó con furia: “La alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula… esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas”. Bueno, eso dijo, era Presidente, pero igual EEUU le aplicó la Sección 7031(c), y ahora está allá, condenado a 45 años de cárcel. En el juicio la Fiscalía habló de un narco-Estado. El juez de Manhattan al emitir su sentencia dijo “es un político de dos caras hambriento de poder”.
Nota: al presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, sin trapitos calientes en 1990 lo sacaron de su país soldados yanquis, lo metieron a la cárcel 30 años y a dos de los suyos les tocaron 20 años.
El viernes pasado, nuestra Presidenta repitió “no somos colonia de nadie”… está bien, pero el tío Sam no es tarugo de nadie… a cualquiera le organiza su fiesta y anda rentando mesas y orquesta… no, mariachis.
