Juan Carlos Toledo
En octubre de 2008, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, se inauguró en Tonalá la unidad administrativa que en su momento representó un avance importante: concentrar varias dependencias en un solo lugar para hacer más fácil la atención a la ciudadanía.
Durante años, este espacio reunió oficinas como la Subsecretaría de Gobierno, Delegación de Gobierno, Registro Público de la Propiedad, Registro Civil, Hacienda del Estado, Tránsito, Protección Civil y áreas educativas, entre otras. Era un punto clave para realizar trámites y gestiones.
Pero hoy, la historia es muy distinta.
Después de los daños que dejó el sismo de septiembre de 2017, el edificio quedó prácticamente inutilizado. Desde entonces, no ha sido rehabilitado ni se ha informado sobre algún plan concreto para rescatarlo.
Al entrar —o simplemente al observarlo desde afuera— es evidente el abandono. Muebles de oficina echados a perder, computadoras inservibles, escritorios y sillas deterioradas. Todo quedó ahí, como si el tiempo se hubiera detenido de un día para otro. El sistema de aire acondicionado ya no existe: fue desmantelado y, según se presume, vendido como chatarra.
Las condiciones del inmueble hablan por sí solas: paredes agrietadas, vidrios rotos y una estructura visiblemente dañada. Sin vigilancia, el lugar ha sido blanco de saqueos y vandalismo.
Además, el abandono ha convertido este edificio en un foco de riesgo. La falta de control y supervisión abre la puerta a que pueda ser utilizado para actividades ilícitas, generando un problema de seguridad que no puede pasarse por alto.
Lo que antes fue un símbolo de desarrollo y organización, hoy luce como un espacio olvidado. Un edificio que alguna vez concentró servicios importantes, ahora permanece vacío, deteriorándose con el paso del tiempo.
A casi dos décadas de su inauguración, el inmueble sigue sin un destino claro. La pregunta permanece: ¿será rescatado o quedará definitivamente en el olvido?
