Las Cañadas de la Selva Lacandona: escenario histórico de autonomía y libre determinación (II)
Jaime Torres Burguete
¿Qué exigen específicamente las comunidades de Las Cañadas?
Para quienes ya ejercen la autonomía de hecho, esta ley es una prueba de fuego. No piden favores, sino que se respete lo que ya tienen. Sus principales demandas son:
1. Reconocimiento pleno de su gobierno propio
– Que las Juntas de Buen Gobierno, los Consejos Autónomos y las Asambleas sean reconocidas como autoridades legítimas, con facultades para administrar recursos, firmar convenios y emitir resoluciones, sin tener que depender de los ayuntamientos oficiales o de los partidos políticos.
– Que se respete su forma de representación: ellos eligen a sus representantes bajo sus propios usos y costumbres, no mediante elecciones partidistas. Exigen que la ley no les imponga formatos políticos ajenos.
2. Defensa integral del territorio
– Que se defina claramente el concepto de territorio como espacio integral de vida (no solo propiedad privada), que incluya bosques, agua, montañas y sitios sagrados.
– Que se establezca que ningún proyecto externo (minería, presas, carreteras, parques turísticos) puede realizarse sin el consentimiento explícito de la comunidad en asamblea. Si no hay “sí” comunitario, el proyecto no puede avanzar.
– Protección contra el despojo y garantía de que el Estado apoyará en la delimitación y titulación de sus tierras.
3. Pluralismo jurídico y justicia comunitaria
– Que las resoluciones que toman en sus propias asambleas o autoridades tradicionales tengan la misma validez que las de los jueces oficiales.
– Que no se criminalicen las formas de sanción o resolución de conflictos propias, siempre que respeten los derechos humanos.
– Acceso a la justicia con pertinencia cultural: traductores, respeto a sus normas y entendimiento de su visión del mundo.
4. Autonomía en educación, salud y desarrollo
– Respeto a sus sistemas educativos propios, que enseñan en su lengua y desde su cosmovisión, con apoyo presupuestario directo del Estado.
– Reconocimiento de la medicina tradicional y de sus propias formas de atención a la salud, integrándolas al sistema nacional.
– Derecho a decidir sobre sus propios planes de desarrollo, sin que el gobierno les imponga programas o obras que no necesitan o que dividen a la comunidad.
Los puntos de conflicto y riesgo
Aunque hay consenso general sobre la necesidad de la ley, hay debates fuertes que las comunidades vigilan con atención:
– El modelo de autonomía: ¿Se tratará de una autonomía “limitada”, controlada por el Estado, o de una libre determinación real, como lo establecen los tratados internacionales? Las comunidades exigen esto último; algunos sectores políticos prefieren limitar facultades para no “fragmentar” el poder del Estado.
– Recursos económicos: ¿El dinero llegará directamente a las autoridades comunitarias o seguirá pasando por gobiernos estatales y municipales que muchas veces discriminan o condicionan los apoyos?
– Participación de las mujeres: Las organizaciones de mujeres indígenas presionan para que la ley incluya mecanismos obligatorios de paridad y para erradicar cualquier norma comunitaria que las excluya o violente.
¿Qué significaría aprobarla tal como la exigen?
Si esta ley se aprueba respetando los acuerdos de las asambleas, Las Cañadas dejarían de ser una experiencia de resistencia para convertirse en un modelo legal de cómo debe funcionar la convivencia entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios.
Sería el fin de la visión paternalista que ve a los indígenas como “menores de edad” o “beneficiarios de asistencia”, y el inicio de una relación donde se les reconoce plenamente como sujetos de derecho, capaces de gobernarse, cuidar su territorio y aportar su sabiduría a todo el país.
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Organización comunitaria: el “Mandar Obedeciendo” como forma de vida
En Las Cañadas, la autonomía no es una palabra escrita, sino una estructura viva que funciona desde abajo hacia arriba. Se basa en principios que han regido a estos pueblos desde hace siglos, fortalecidos tras 1994:
– La Asamblea, máxima autoridad: No hay gobernantes impuestos ni partidos políticos. La asamblea comunitaria —donde participan hombres, mujeres, ancianos y jóvenes— es quien toma todas las decisiones importantes: desde el uso de la tierra, los trabajos colectivos, hasta la resolución de conflictos. Todo se discute hasta llegar a acuerdos, y quien no está de acuerdo, igual respeta la decisión colectiva.
– Cargos de servicio, no de poder: Las autoridades (agentes, comisarios, representantes) son nombradas por la comunidad. No cobran sueldo, dejan sus labores del campo para servir un tiempo determinado, y son responsables ante el pueblo. Si no cumplen o abusan, son destituidos. Esto es lo que llaman mandar obedeciendo: la autoridad obedece lo que manda el pueblo.
– Niveles de organización: Se articulan en tres niveles:
1. Comunidad: El pueblo o barrio.
2. Región: Varias comunidades unidas (como es el caso de Las Cañadas, que agrupa a muchas localidades).
3. Juntas de Buen Gobierno: Instancia regional que coordina, da seguimiento y relaciona con otras regiones autónomas, siempre respetando la decisión de abajo.
– Participación de la mujer: Ha sido fundamental. Las mujeres han logrado incluir en las normas comunitarias sus derechos, el respeto a su integridad, y ocupan cada vez más espacios de decisión, rompiendo viejas costumbres de desigualdad.
Para ellos, organizarse es la única forma de dejar de ser invisibles y defender lo que es suyo.
Defensa del territorio: Tierra, Bosque y Vida son lo mismo
En la visión indígena, el territorio no es solo “tierra para trabajar”, es el espacio donde está su historia, sus antepasados, su agua, su medicina y su vida misma. Por eso la defensa del territorio es el corazón de su libre determinación.
– Recuperación y defensa: Durante décadas, lucharon contra finqueros, ganaderos y madereros que les quitaron tierras. Recuperaron lo que les pertenecía por derecho y por historia. Hoy delimitan y cuidan sus límites para evitar invasiones o explotación externa.
– Manejo propio de recursos: Deciden cómo usar el bosque, el agua y la tierra. No permiten que empresas, gobiernos o reservas naturales les digan qué hacer con lo que cuidan desde siempre. Tienen sus propios planes de manejo forestal, reforestación y agricultura, basados en sus saberes ancestrales, que han demostrado ser mucho más cuidadosos con la naturaleza que los planes oficiales.
– Rechazo a proyectos ajenos: Se oponen firmemente a proyectos hidroeléctricos, carreteras, minas o zonas turísticas que el Estado o empresas quieren imponer. Su argumento es claro: “Si no nos consultan, no es nuestro, y si afecta nuestra vida, no lo aceptamos”. Aquí se aplica el derecho al consentimiento libre, previo e informado, reconocido internacionalmente, pero que pocas veces el gobierno respeta.
– Territorio y autonomía van juntos: Dicen que “sin tierra no hay autonomía”. Mientras tengan el control de su territorio, pueden decidir cómo vivir, qué enseñar a sus hijos y cómo alimentarse sin depender de ayudas o programas del gobierno que muchas veces buscan dividirlos.
Relación con el Estado: Reconocimiento vs. Hechos reales
Esta es quizás la dimensión más compleja, porque existe una gran diferencia entre lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad.
– El marco legal: Desde 1992 con el Convenio 169 de la OIT, y después con reformas constitucionales en 2001 y 2021, el Estado mexicano reconoció que los pueblos indígenas son sujetos de derecho, con derecho a la libre determinación, a su propia cultura, instituciones y al territorio. La ley dice que deben ser consultados antes de cualquier medida que les afecte.
– La brecha con la realidad: En Las Cañadas, la experiencia ha sido que el Estado suele ver la autonomía como un problema o una molestia, no como un derecho.
– Falta de reconocimiento oficial: Sus gobiernos propios no aparecen en las listas del gobierno estatal o federal. Para las instituciones oficiales, a veces “no existen”, aunque gobiernan mejor y con más justicia que las autoridades oficiales.
– Conflictos y represión: Ha habido años de hostigamiento, presencia de militares y paramilitares, división de comunidades entre quienes aceptan programas del gobierno y quienes mantienen su autonomía, y obstáculos para que sus resoluciones de justicia comunitaria sean respetadas por los jueces oficiales.
– Autonomía de hecho, no de derecho: Lo que han logrado no se lo dio el gobierno, lo construyeron con su lucha. Hoy en día funcionan sus propias escuelas, sus propias clínicas de salud, sus sistemas de justicia y comercio, todo fuera de la estructura estatal.
– Nueva etapa: Ley General de Derechos: Actualmente, están exigiendo que la nueva ley que se discute en el Congreso respete su forma de representación (que no los obliguen a usar partidos políticos), que respete su territorio completo y que la autonomía sea realmente un derecho público, y no algo que el Estado pueda conceder o quitar a su antojo.
En resumen, la relación es de reivindicación: exigen que el Estado cumpla su propia ley y deje de tratarlos como menores de edad o como objetos de asistencia, reconociéndolos como lo que son: pueblos con historia, derecho y capacidad de gobernarse a sí mismos.
