* El requerimiento advierte posibles sanciones contra funcionarios municipales si no informan las acciones realizadas para acatar la resolución judicial
Redacción / Alfaro Noticias
A casi una década de iniciado el juicio de amparo 441/2016, un juez federal requirió al presidente municipal, la síndica y al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chamula informar, en un plazo de tres días, las acciones emprendidas para dar cumplimiento a una sentencia relacionada con la construcción de un camino en la comunidad de Milpoleta.
El requerimiento forma parte de una controversia de amparo mediante la cual la autoridad judicial busca que se ejecute una resolución emitida previamente a favor de personas que promovieron el recurso legal. De acuerdo con el documento, las autoridades señaladas como responsables deberán acreditar las medidas adoptadas para restituir los derechos reconocidos en la sentencia.
Entre las acciones contempladas por el juzgado se encuentra la restitución de las condiciones previas a los hechos que originaron el litigio. Esto implicaría, según la resolución, deshacer la obra realizada y reconstruir los terrenos afectados en el estado en que se encontraban antes de la apertura del camino. Asimismo, se plantea el pago de daños y perjuicios a las personas quejosas.
El caso evidencia que, pese a la existencia de una resolución judicial, el proceso de cumplimiento continúa sin resolverse por completo. Como parte de las acciones para dar seguimiento al asunto, el pasado 7 de junio se convocó a una asamblea en Milpoleta; sin embargo, de acuerdo con la información difundida por habitantes de la comunidad, las autoridades municipales requeridas no acudieron al encuentro.
La notificación emitida con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo señala que los funcionarios deberán informar al juzgado las acciones concretas que están realizando para cumplir la ejecutoria. El incumplimiento podría derivar en medidas de apremio.
Entre las sanciones previstas se encuentra una multa equivalente a 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El documento también advierte que, de persistir el desacato, podrían aplicarse medidas más severas contempladas en la legislación federal, incluyendo la separación del cargo y la consignación de los servidores públicos responsables.
