* La compañía fue sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, mientras legisladores federales se deslindaron de un abogado incluido en la misma lista
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas asignó en 2025 dos contratos por más de un millón 200 mil pesos a una empresa que posteriormente fue sancionada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, los contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA) en noviembre de 2025. Los recursos se destinaron a la adquisición de módulos LED por 882 mil 549 pesos y una pantalla tipo LED por 330 mil 020 pesos, ambos para instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Victoria.
El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a CAMSA en una lista de entidades sancionadas por su presunta participación en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo vinculada al Cártel del Noreste, organización catalogada por ese país como grupo terrorista.
Según la información difundida por autoridades estadounidenses, la empresa habría proporcionado apoyo financiero y logístico a dicho grupo, además de operar establecimientos señalados como puntos de actividades ilícitas. Registros mercantiles indican que la compañía tiene su origen en 1997 y que actualmente su principal accionista es el empresario José Benjamín Chow del Campo.
Por su parte, legisladores del partido Morena se pronunciaron sobre la inclusión de un abogado mexicano en la misma lista de sanciones emitida por el Departamento del Tesoro. Se trata de Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado como presunto facilitador del Cártel del Noreste.
Senadores del partido indicaron que no existe relación institucional con el abogado y aclararon que los reconocimientos que recibió en el Senado en años anteriores no fueron otorgados directamente por la Cámara Alta, sino en eventos organizados por terceros que utilizaron las instalaciones.
Asimismo, señalaron que cualquier persona con posibles vínculos con la delincuencia organizada debe ser investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley. También subrayaron que corresponde a las autoridades estadounidenses detallar los elementos que sustentan dichas designaciones.
