* El afectado aseguró que la medida ocurrió después de promover señalamientos sobre el manejo de recursos municipales y pidió la intervención de autoridades fiscalizadoras y de derechos humanos
Redacción / Alfaro Noticias
Autoridades tradicionales y habitantes de San Pedro Chenalhó acordaron, mediante una asamblea comunitaria realizada bajo el sistema de usos y costumbres, la expulsión de César Oliverio Gómez Hernández de la cabecera municipal, así como el retiro de su reconocimiento como integrante de la comunidad.
De acuerdo con información difundida por representantes comunitarios, la decisión fue tomada por agentes municipales, integrantes de patronatos de obras, representantes del FAIS-PIAM, comités de educación y pobladores de diversas localidades del municipio. Las autoridades señalaron que la determinación respondió a conductas que consideraron inapropiadas ante las instancias comunales y a los señalamientos realizados por Gómez Hernández sobre la administración municipal.
Según los acuerdos dados a conocer, el ciudadano deberá abandonar su domicilio y dejar la cabecera municipal. La resolución quedó asentada en un documento firmado por diversos representantes comunitarios participantes en la asamblea.
Por su parte, Gómez Hernández sostuvo que la medida ocurrió después de promover denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas y el manejo de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025 en el municipio.
El ciudadano afirmó que sus gestiones ante instancias estatales y federales han tenido como objetivo solicitar transparencia y revisión de proyectos que, según sus señalamientos, presentan inconsistencias entre los expedientes técnicos y las obras ejecutadas en algunas comunidades.
Asimismo, rechazó versiones que lo acusan de actuar con intereses políticos o económicos y aseguró que las denuncias presentadas buscan que las autoridades competentes revisen el uso de recursos públicos en el municipio.
En ese contexto, pidió la intervención de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación para realizar revisiones a las obras señaladas. También solicitó la participación de organismos de derechos humanos y de los gobiernos estatal y federal para atender el conflicto.
Además, responsabilizó públicamente a autoridades municipales y comunitarias de cualquier afectación que pudiera sufrir él o su familia, por lo que solicitó medidas de protección para garantizar su seguridad.
