A pesar de que el Gobierno Federal sostiene que se siguen llevando a cabo los protocolos de actuación en la estación migratoria de Tapachula, Amnistía Internacional califica de “inquietante” la situación en la frontera de Chiapas.
Carlos Álvarez
El comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra, había anunciado el despliegue de 103 miembros (82 hombres y 21 mujeres) de la policía federal para reforzar la seguridad en la estación migratoria Siglo XXIl; dichos elementos no arribaron a la frontera sur entre México y Guatemala, permitiendo la entrada de una nueva caravana de migrantes a través de río Suchiate el pasado 5 de junio.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha advertido que la desatención masiva a los migrantes implica la violación del derecho internacional, sobre todo, al acelerar los procesos de los que solicitan asilo. Además de que las medidas que se siguen llevando a cabo no frenarán los desplazamientos en la frontera sur; así lo manifestó AI por medio de una acción dirigida a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con motivo de la detención de poco más de 400 migrantes el pasado 5 de junio en Metapa de Madero, Chiapas.
El número de personas que respecta a la caravana detenida en Metapa va de los 200 a 500, cifra que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha esclarecido aún. Se afirma incluso que se trata de 800 migrantes, los que, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF), fueron trasladados a la estación Siglo XXI en Tapachula.
A lo que se suma que el anuncio del Gobierno Federal sobre el despliegue de cerca de 6 mil militares miembros de la Guardia Nacional con destino en Chiapas. El Secretario de Gobierno Ismael Brito Mazariegos, por su parte, entregó una solicitud al congreso, pidiendo a los municipios de Tonalá, Pichucalco y Palenque la desincorporación de tres hectáreas con el fin de construir cuarteles de la Guardia Nacional; dichos predios serán entregados a favor de las Secretarías de la Defensa Nacional (Serena) y Marina (Semar). Por otro lado, las organizaciones en defensa de los derechos internacionales continúan pronunciándose por la crisis humanitaria por la que atraviesa la frontera de México.