* La constante influencia del crimen organizado en Chiapas ha generado una crisis en la calidad de vida de las infancias. El trágico ataque en Pantelhó, que resultó en la pérdida de dos vidas infantiles, ilustra los daños devastadores de esta problemática.
Daniela Alfaro
En la región de Chiapas, la presencia persistente de células del crimen organizado ha dejado a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, siendo reclutados por grupos criminales, ya sea mediante engaños o de manera forzada. Según informes de Melel Xojobal, organización defensora de los derechos de niños indígenas, al menos 2,507 menores, en su mayoría con raíces indígenas, corren el riesgo de ser reclutados en San Cristóbal de las Casas.
La crudeza de esta realidad se manifestó recientemente en Pantelhó, Chiapas, donde un ataque armado perpetrado por el grupo conocido como ‘Los Herrera’ cobró la vida de dos hermanos, Sebastián de 10 años y Francisco de 17. Atrapados en su vivienda, estos niños se convirtieron en víctimas inocentes de la violencia que prevalece en las comunidades indígenas, destacando la trágica dimensión de los enfrentamientos entre organizaciones criminales.
La violencia desencadenada por estos conflictos ha tenido consecuencias graves en el ámbito educativo desde el 2023, con el cierre continuado de casi tres mil escuelas en la sierra de Chiapas. Gabriel Ordoñez, secretario de la CNTE, señala que la decisión de cerrar escuelas en municipios como Frontera Comalapa y Mazapa de Madero busca resguardar a los estudiantes de la inseguridad generada por la disputa entre cárteles del crimen organizado.
Esta medida prolongada afecta directamente a casi 250 mil alumnos, acentuando las repercusiones perjudiciales que la violencia del crimen organizado tiene sobre la educación y seguridad de los niños en la región. El cierre prolongado no solo representa una interrupción continua en la educación, sino que también deja a los niños expuestos al riesgo constante de ser reclutados, agravando aún más la vulnerabilidad de la infancia chiapaneca.
La comunidad internacional debe reconocer la gravedad persistente de esta situación. La defensa de los derechos humanos y la protección de la infancia deben seguir siendo prioridades compartidas. Organizaciones locales, gubernamentales y sociales deben continuar colaborando estrechamente para abordar la raíz de este problema, desmantelar las redes criminales y brindar el apoyo necesario para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes.
Es esencial que las autoridades locales intensifiquen y mantengan sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los niños y sus comunidades. La implementación sostenida de estrategias de prevención, apoyo psicosocial y oportunidades educativas se vuelve aún más imperativa para contrarrestar los efectos perjudiciales del crimen organizado en la infancia chiapaneca.
