* El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas lidera un llamado urgente al Poder Judicial de Chiapas para poner fin a la criminalización judicial de los pueblos zapatistas.
Daniela Alfaro
Grupos de activistas se congregaron frente al Poder Judicial de Chiapas para exigir la liberación de seis defensores indígenas, entre ellos un líder zapatista y cinco miembros de la comunidad tzeltal. La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Lilia Roblero, expresó su preocupación por la situación, denunciando la presunta injusticia en los arrestos.
Las protestas destacaron la supuesta criminalización de los defensores de los derechos humanos y del territorio en el sur de México, donde los pueblos indígenas han estado activos en su lucha contra la violencia del crimen organizado. Según Roblero, se han documentado varias irregularidades en los procesos legales, incluyendo falta de acceso a un juicio justo y la fabricación de cargos falsos.
Las organizaciones civiles instaron a las autoridades a detener la criminalización de los defensores y exigieron la liberación inmediata de los seis detenidos. José Díaz Gómez, miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lleva más de un año en prisión, acusado de un delito que, según sus partidarios, fue fabricado como represalia por su afiliación política.
El Centro de Derechos Humanos Frayba ha denunciado repetidamente las presuntas violaciones de derechos humanos durante los juicios de los activistas, incluyendo detenciones arbitrarias, falta de traducción adecuada y admisión de pruebas dudosas. La organización también ha solicitado en múltiples ocasiones un cambio en las medidas cautelares para permitir que los acusados esperen su juicio en libertad, pero estas solicitudes han sido denegadas.
La manifestación precede a la reposición del juicio oral en el juzgado de control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas. Las organizaciones involucradas en la protesta esperan que este proceso conduzca a una sentencia que reconozca las supuestas violaciones cometidas contra los activistas.
Este caso resalta las preocupaciones sobre la seguridad y la justicia para los defensores de los derechos indígenas en México, donde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado numerosos casos de activistas asesinados o desaparecidos en los últimos años.
