* Colectivos de la diversidad sexual mantienen la exigencia de una reforma que permita modificar documentos oficiales sin recurrir a procesos judiciales
Redacción / Alfaro Noticias
Mientras gran parte del país cuenta con mecanismos administrativos para el reconocimiento legal de la identidad de género, Chiapas continúa entre las cinco entidades donde las personas trans aún deben recurrir a juicios y amparos para modificar su nombre y género en documentos oficiales.
Junto con Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Durango, el estado forma parte de las entidades que no han aprobado una legislación que permita realizar este trámite de manera directa ante el Registro Civil. La situación ha sido señalada por organizaciones de la diversidad sexual como un rezago en el acceso a derechos fundamentales.
En Chiapas, activistas afirman que la propuesta de Ley de Identidad de Género permanece pendiente desde hace más de una década. La falta de esta reforma obliga a las personas trans a enfrentar procedimientos legales prolongados para obtener documentos acordes con su identidad, situación que puede generar dificultades en ámbitos como la educación, el empleo, la atención médica y diversos trámites cotidianos.
La demanda cobró relevancia nuevamente durante la presentación de las actividades de la Marcha del Orgullo y Dignidad LGBTTTIQPA+ 2026 en Tuxtla Gutiérrez. Integrantes del comité organizador señalaron que, aunque en los últimos años se han registrado avances como el matrimonio igualitario y las sanciones contra las llamadas terapias de conversión, el reconocimiento legal de la identidad de género sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes en la entidad.
Los colectivos convocaron a la ciudadanía a participar en las actividades del Mes del Orgullo, que incluirán movilizaciones el 13 de junio en Tuxtla Gutiérrez y el 20 de junio en Tapachula, donde además de celebrar la diversidad se buscará visibilizar las demandas relacionadas con igualdad, inclusión y acceso a derechos.
A nivel nacional, el debate sobre la identidad de género volvió recientemente a la discusión pública tras la decisión del gobierno de Querétaro de frenar una reforma aprobada por el Congreso local. En paralelo, organizaciones de distintos estados continúan impulsando cambios legislativos para garantizar el reconocimiento de la identidad sexogenérica mediante procedimientos accesibles.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la identidad de género forma parte de los derechos humanos protegidos por la Constitución y ha sostenido que las autoridades deben garantizar mecanismos que permitan a las personas adecuar sus documentos conforme a su identidad autopercibida.