* Entre los temas previstos se encuentra el aplazamiento de la elección judicial a 2028 y nuevas causales de nulidad por intervención extranjera en procesos electorales
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del próximo 26 de mayo, en el que diputados y senadores analizarán diversas reformas en materia electoral y judicial impulsadas por el gobierno federal y legisladores de Morena.
Con 26 votos a favor y 10 en contra, legisladores avalaron que durante el periodo extraordinario se discutan iniciativas relacionadas con la elección judicial, mecanismos de integridad para candidaturas y nuevas causales de nulidad electoral.
Uno de los temas centrales será la propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para aplazar al año 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros, originalmente prevista para 2027.
La iniciativa plantea modificaciones constitucionales para ajustar el modelo de elección judicial aprobado en 2024. Entre los cambios propuestos se encuentra reducir el número de candidaturas por cargo, modificar el diseño de las boletas y reorganizar la división distrital electoral bajo coordinación del Instituto Nacional Electoral.
El proyecto también contempla que los juzgadores actualmente en funciones permanezcan en sus cargos hasta la nueva fecha de elección, prevista para el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con el proceso de revocación de mandato presidencial.
De acuerdo con la propuesta, continuarían operando los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque el número de aspirantes se reduciría a dos candidaturas por cargo, una mujer y un hombre.
Además de la reforma judicial, el Congreso discutirá una iniciativa en materia electoral promovida por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que busca establecer como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en procesos comiciales.
La propuesta plantea que una elección pueda anularse cuando existan pruebas de participación directa o indirecta de gobiernos, organismos internacionales, empresas o personas extranjeras que influyan de manera determinante en los resultados electorales.
En el periodo extraordinario también se prevé analizar reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relacionadas con la integridad de candidaturas, con el objetivo de fortalecer mecanismos para detectar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado.
