“La política no se mide por los sueños que enuncian, sino por las decisiones que se toman cuando esos sueños exigen costos”
Carlos Perola Burguete
En política, el poder nunca se ejerce en abstracto. Siempre se organiza sobre tres dimensiones que se retroalimentan: poder, territorio y Estado. El poder define quién toma las decisiones; el territorio determina dónde se construye la base social de ese poder; y el Estado establece las reglas institucionales que lo sostienen o lo limitan.
La evolución reciente de Morena parece ubicarse precisamente en esa intersección. Lo que hoy observamos no es únicamente una disputa interna por cargos o candidaturas. Es algo más profundo.
Desde mi perspectiva y desde ésta esquina de este estado del Sur de la República, veo la transición de un movimiento político de masas hacia un aparato institucional del poder.
Durante el ciclo político encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Morena operó principalmente como un movimiento articulado alrededor de un liderazgo carismático capaz de integrar demandas de los sentidos comunes construidos socialmente, diversos y bajo una narrativa común. La cohesión del proyecto dependía menos de la estructura partidaria y más de la autoridad política del liderazgo fundador.
Ese modelo permitió construir una base electoral inédita y reorganizar el mapa político nacional. Pero una vez alcanzado el gobierno y las cámaras, la lógica del poder cambia. La hegemonía de Gobernar desde estas instancias del poder del Estado, implica administrar instituciones, coordinar territorios estatales, presidencias municipales y sostener mayorías legislativas nacional y en esos estados. En otras palabras, la política deja de depender únicamente del liderazgo y comienza a descansar en estructuras organizativas permanentes.
En ese contexto, la reorganización del partido bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum puede interpretarse como el inicio de una nueva fase: la consolidación de una cadena de mando más vertical, profesionalizada y alineada con el proyecto de gobierno.
Este tránsito no es extraño en la historia política comparada. Muchos movimientos que alcanzaron el poder atravesaron un proceso similar: primero movilización social, después consolidación electoral y finalmente institucionalización del poder.
En México existe un antecedente claro. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) vivió entre las décadas de 1940 y 1960 un proceso de transformación que lo llevó de ser la expresión política de una revolución social a convertirse en una estructura disciplinada capaz de articular Estado, territorio y sociedad.
Si Morena avanza en esa dirección, el resultado podría ser la consolidación de un partido dominante dentro del sistema político, sustentado no sólo en liderazgo presidencial, sino también en redes territoriales y estructuras administrativas estables.
Pero ese proceso tiene tensiones inevitables.
Cuando un movimiento político comienza a institucionalizarse, la disputa por el poder deja de girar exclusivamente alrededor del liderazgo nacional y se expande hacia los territorios y actores políticos. Gobernadores, liderazgos regionales y estructuras locales adquieren mayor peso en la definición de candidaturas, alianzas y estrategias electorales.
En ese punto aparecen nuevas ecuaciones políticas. Para mantener mayorías legislativas y presencia territorial, Morena podría ampliar o profundizar acuerdos con aliados como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de establecer entendimientos con liderazgos regionales.
En términos electorales, los territorios adquieren un valor decisivo. Estados con alta densidad de votación, pueden inclinar el equilibrio nacional y definir el alcance de una mayoría legislativa. Entre ellos destaca Chiapas, cuyo peso electoral y diversidad política lo convierten en una pieza clave dentro del mapa territorial del movimiento.
Ahí se observa con claridad la tensión estructural que enfrenta Morena: el movimiento que surgió de la movilización popular debe ahora administrar un entramado territorial complejo donde conviven organizaciones sociales, gobiernos locales, estructuras partidistas y alianzas políticas.
La institucionalización del poder ofrece ventajas evidentes. Permite consolidar la capacidad de gobierno, ordenar la toma de decisiones y proyectar estabilidad política. Pero también implica riesgos. Cuando la estructura burocrática sustituye al impulso movilizador que dio origen al movimiento, el vínculo entre partido y sociedad corre el riesgo de debilitarse.
La historia política muestra que ese momento suele ser decisivo. Algunos movimientos logran equilibrar organización institucional y base social, consolidándose durante décadas. Otros, en cambio, se fragmentan bajo el peso de las disputas territoriales y la competencia interna por el poder.
Hoy Morena parece ubicarse exactamente en ese punto de inflexión. Entre la movilización popular que lo llevó al gobierno y la institucionalización que exige el ejercicio del poder, el partido enfrenta una de las transiciones más delicadas de su historia.
Si bien, la institucionalización puede dar estabilidad y capacidad de gobierno, también abre nuevas disputas territoriales. Gobernadores, liderazgos regionales y aliados electorales comienzan a pesar más en la ecuación política. En estados estratégicos como Chiapas —donde el volumen de votos y la complejidad territorial pueden inclinar mayorías legislativas— esa tensión entre movimiento y aparato ya empieza a sentirse.
La historia política mexicana enseña que cuando un movimiento logra convertirse en partido dominante, el verdadero desafío no es ganar elecciones, sino administrar el poder sin romper el equilibrio entre el Estado, el territorio y la sociedad que lo sostiene.
Morena se acerca a ese momento.
Porque el dilema ya no es si Morena y sus aliados pueden organizar el poder.
El dilema es otro:
¿Podrá el movimiento de movimientos retomar su identidad política, para cuando Morena y sus aliados se conviertan en el aparato administrativo del poder?
*Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
