Edgar Hernández Ramírez
La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa no puede leerse como un expediente aislado, ni como un simple episodio judicial en la larga historia de cooperación bilateral contra el narcotráfico. Su verdadero peso político está en el momento, en las formas y en el destinatario. Llega en medio de una relación cada vez más tensa entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum; aparece después de reclamos mexicanos por la actuación opaca de agencias estadounidenses en territorio nacional; coincide con la revisión del T-MEC; y se inscribe en una ofensiva geopolítica más amplia de Estados Unidos para reordenar su zona de influencia bajo la lógica de la presión, el chantaje comercial y la intervención selectiva.
El punto central no es defender a nadie de una investigación penal. Si existen pruebas contra cualquier funcionario, deben presentarse por las vías legales, con debido proceso, cooperación institucional y respeto a la soberanía mexicana. El problema es otro: Estados Unidos ha lanzado una acusación de enorme impacto político sin entregar, según la Cancillería mexicana, elementos suficientes para sustentar una detención provisional conforme al tratado bilateral. Además, México reclamó la difusión pública de nombres en un procedimiento que debería guardar confidencialidad. Es decir, antes de que se conozcan pruebas, el golpe político ya fue consumado. La justicia, usada así, no sólo investiga;también presiona, disciplina y desestabiliza.
La sincronía resulta demasiado evidente. Días antes, el embajador Ronald Johnson había elevado el tono al hablar de corrupción, seguridad e inversiones, con advertencias que sonaron menos a diplomacia que a emplazamiento. Medios estadounidenses ya anticipaban que la administración de Donald Trump podría enfocar su campaña anticorrupción contra políticos mexicanos. Luego llegó la acusación contra Rocha. En política internacional, las casualidades existen, pero las secuencias también comunican. Y ésta comunica una advertencia: Washington pretende conservar capacidad de veto sobre la vida pública mexicana, especialmente cuando el gobierno de México insiste en una política exterior soberana, en exigir corresponsabilidad por el tráfico de armas y lavado de dinero, y en rechazar operaciones encubiertas o despliegues de agencias extranjeras en el país.
La disputa de fondo es la soberanía. México ha endurecido su postura frente a la injerencia ilegal de agencias estadounidenses, como ocurrió con el caso Chihuahua, y mantiene abierto el reclamo por episodios no suficientemente aclarados, como el secuestro extraterritorial de Ismael “El Mayo” Zambada. También ha exigido a Estados Unidos asumir su parte en la tragedia binacional del narcotráfico: no sólo drogas que van al norte, sino armas que bajan al sur; no sólo cárteles mexicanos, sino bancos, empresas fachada, redes financieras y consumidores que sostienen el mercado criminal desde territorio estadounidense. Esa exigencia rompe con el viejo guion cómodo de Washington: México como culpable único, Estados Unidos como juez externo.
La acusación contra Sinaloa aparece, además, en un contexto económico decisivo. La revisión del T-MEC se ha convertido en un campo de presión. Trump ha vuelto al proteccionismo duro, ha impuesto aranceles y ha buscado renegociar desde una posición de fuerza. México, por su parte, intenta defender su plataforma exportadora sin aceptar una subordinación política completa. En ese tablero, los expedientes judiciales, las acusaciones de corrupción, las amenazas comerciales y las campañas mediáticas pueden funcionar como piezas de una misma estrategia: debilitar al gobierno mexicano antes de sentarlo a negociar. La presión no sólo busca justicia; busca ventaja.
Tampoco puede separarse esta ofensiva del papel internacional que ha intentado jugar México. La administración Sheinbaum ha sostenido una línea de afinidad con gobiernos progresistas, ha participado en foros internacionales de esa orientación y ha mantenido posiciones críticas frente al bloqueo a Cuba y las presiones sobre Venezuela. En la lógica imperial estadounidense, la soberanía latinoamericana se tolera mientras no incomode. Cuando incomoda, se le acusa de irresponsabilidad, corrupción, populismo o complicidad. Es una fórmula conocida: primero se desgasta la legitimidad moral del gobierno; después se aísla diplomáticamente; luego se presiona económicamente; finalmente se justifica la intervención directa o indirecta.
El riesgo para México es que esta escalada abra varios frentes simultáneos. El primero es institucional: que Estados Unidos pretenda convertir sus fiscalías, agencias y embajada en poderes metaconstitucionales capaces de condicionar la política interna mexicana. El segundo es político: que la oposición mexicana utilice acusaciones extranjeras como munición para exigir medidas extremas, como la desaparición de poderes en Sinaloa, antes de que exista una valoración jurídica completa en México. El tercero es económico: que el T-MEC se negocie bajo amenaza, con México obligado a ceder en energía, seguridad, inversión, maíz, industria o regulación para evitar sanciones. El cuarto es diplomático: que se empuje al país hacia una relación de obediencia, donde cualquier gesto autónomo sea castigado con expedientes, aranceles o campañas de desprestigio.
El escenario más delicado sería la combinación de presión externa con fractura interna. Si la narrativa de “narco-Estado” se instala sin pruebas suficientes, puede convertirse en arma de guerra política contra todo el proyecto de la 4T. No contra un gobernador, no contra un funcionario, no contra un expediente específico: contra la legitimidad de un gobierno progresista que ha disputado poder económico, relato histórico y margen de soberanía. La etiqueta es devastadora porque no necesita sentencia; le basta la sospecha. Y cuando la sospecha viene de Washington, buena parte de las élites mexicanas la recibe como verdad revelada.
Por eso la respuesta mexicana debe ser doble: firmeza soberana y limpieza institucional. No basta denunciar injerencia si no se investigan a fondo las redes de corrupción y crimen que puedan existir dentro del Estado. Pero tampoco puede aceptarse que Estados Unidos sustituya a las instituciones mexicanas, seleccione sus objetivos políticos y administre los tiempos de la vida pública nacional. La defensa de la soberanía no debe ser escudo para la impunidad; pero la lucha contra la impunidad no puede convertirse en caballo de Troya de una intervención extranjera.
México enfrenta una coyuntura de alto riesgo. Si cede, normaliza la tutela. Si se encierra, puede quedar aislado. Si responde sólo con discurso, deja el campo libre a la ofensiva. La salida exige inteligencia de Estado: exigir pruebas, investigar con seriedad, transparentar procedimientos, mantener cooperación sin subordinación y construir una narrativa internacional propia. Porque lo que está en juego no es únicamente el caso Sinaloa. Lo que está en disputa es si México seguirá siendo tratado como patio trasero o si podrá sostener, con todos sus costos, una política nacional soberana, progresista y digna frente al poder más agresivo del continente.
