Edgar Hernández Ramírez
Chiapas enfrenta hoy una tensión de fondo que define el rumbo del actual gobierno estatal. La inseguridad obligó a fortalecer la capacidad coercitiva del Estado, pero esa respuesta comenzó a distorsionar la gobernabilidad al colocar a la seguridad como eje casi exclusivo de conducción pública. Bajo esta óptica, el problema ya no es sólo criminal; es político. Cuando la fuerza sustituye a la mediación, el orden puede imponerse temporalmente, pero los conflictos permanecen intactos.
La administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recibió un estado fracturado por años de expansión criminal, disputas territoriales, policías infiltradas, bloqueos carreteros, desplazamientos forzados y una creciente sensación de abandono institucional. Frente a ello, el gobierno actuó con rapidez: creó cuerpos policiacos especiales, intensificó operativos y construyó una narrativa de recuperación del territorio.
Esa decisión tuvo eficacia inicial. En varias regiones se restableció presencia oficial, disminuyó la percepción de vacío de poder y se enviaron señales de contención a grupos criminales. Sin embargo, junto con esos resultados emergió otra realidad: la seguridad dejó de ser una política pública entre varias y comenzó a convertirse en la principal forma de gobierno.
Ahí aparece la distorsión central. En un estado como Chiapas, donde convergen viejos conflictos agrarios, comunidades indígenas con estructuras propias, cacicazgos regionales, pobreza histórica y tensiones sociales acumuladas, gobernar no puede reducirse a patrullajes, cateos o despliegues tácticos. El orden público es indispensable, pero insuficiente.
Cuando toda crisis se interpreta desde la lógica policial, las instituciones políticas se debilitan. La negociación pierde espacio, la mediación se vuelve secundaria y la resolución de fondo se posterga. En este contexto, se entiende por qué ha habido dos secretarias de Gobierno y Mediación en menos de dos años de administración y por qué han quedado neutralizadas por la facción dura del gobierno estatal. No se trata sólo de relevos administrativos, es la evidencia de que el centro real de decisión se desplazó hacia el aparato de seguridad.
Eso, por supuesto, tiene costos. La Secretaría de Gobierno debería ser el corazón del procesamiento político de conflictos, el espacio donde se desactivan crisis antes de que estallen. Si esa función queda subordinada a mandos operativos, cada problema tenderá a resolverse bajo criterios de fuerza, control o contención inmediata.
El conflicto más reciente lo exhibe con claridad. El enfrentamiento entre comuneros de la organización Casa del Pueblo, del municipio de Nicolás Ruiz, contra presuntos integrantes del crimen organizado, complica la situación porque el problema inició como una protesta por un viejo reclamo agrario y presuntamente rompieron el bloqueo integrantes de los cárteles que se les vincula a una organización antagónica, calificada desde hace años como paramilitar, al servicio de los caciques de la región.
Lo ocurrido es grave por varias razones. Primero, porque muestra cómo conflictos sociales no resueltos terminan siendo capturados por actores armados. Segundo, porque confirma que en Chiapas la frontera entre disputa agraria, poder caciquil y criminalidad organizada puede volverse difusa. Y tercero, porque exhibe la ausencia de una instancia política con capacidad suficiente para intervenir antes del choque.
Cuando una demanda histórica desemboca en violencia armada, no fracasó sólo la seguridad; fracasó la gobernabilidad.
El riesgo para el gobierno estatal es doble. Si relaja la presión coercitiva, puede abrir espacio al reacomodo criminal. Pero si insiste en gobernar sólo desde la fuerza, corre el peligro de convertir cada conflicto comunitario, agrario o social en asunto policiaco. Esa ruta genera desgaste institucional, erosiona legitimidad y multiplica enemigos simultáneos: organizaciones sociales, comunidades inconformes, liderazgos regionales y grupos delictivos.
Además, la sobredosis de enfoque de seguridad suele producir una ilusión de control. Se recuperan carreteras, se detiene a operadores locales, se desmantelan células visibles, pero permanecen las causas estructurales: impunidad, corrupción municipal, economías ilegales, pobreza extrema y vacíos de autoridad civil.
La salida al dilema no pasa por desmontar la estrategia de seguridad, sino por reequilibrarla. Chiapas necesita fuerza legítima frente al crimen, pero subordinada a una conducción política integral. Eso implica al menos cinco movimientos urgentes.
Primero, reconstruir la Secretaría de Gobierno como verdadero centro de negociación territorial. Segundo, diferenciar con precisión protesta social, conflicto agrario y actividad criminal. Tercero, impulsar una depuración profunda de policías municipales y redes de complicidad local. Cuarto, instalar mesas regionales permanentes con comunidades, actores productivos y organizaciones civiles. Quinto, acompañar la presencia policial con inversión social visible en zonas críticas.
Chiapas no puede volver al abandono ni resignarse al control criminal. Pero tampoco puede normalizar que la seguridad sustituya a la política. El desafío del gobernador Ramírez Aguilar consiste en recuperar autoridad sin cancelar mediación; imponer ley sin cerrar diálogo; contener violencia sin incubar nuevas rebeliones.
En Chiapas habrá orden duradero cuando el Estado sea capaz de garantizar seguridad, justicia y escucha al mismo tiempo.
