Carlos Perola Burguete
“Los gobiernos progresistas se volvieron los gerentes de las miserias del neoliberalismo” Luis Ignacio Lula da Silva, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizados en Barcelona a mediados de abril de 2026.
La discusión sobre la desigualdad en México ha comenzado a desplazarse del terreno estrictamente estadístico hacia el de la estructura del poder económico. El informe de Oxfam México sobre oligarquía y democracia parte precisamente de ese punto: la desigualdad no es únicamente el resultado de diferencias individuales de ingreso, sino la consecuencia de una economía organizada alrededor de fuertes concentraciones de riqueza y poder empresarial.
Los datos que presenta el informe son reveladores. En México, el 1 % más rico de la población —alrededor de 1.3 millones de personas— concentra el 35 % del ingreso total y posee cerca del 40 % de la riqueza privada del país. Al mismo tiempo, ese mismo grupo es responsable de 23 % de las emisiones contaminantes, lo que muestra que la concentración económica también tiene implicaciones ambientales profundas.
En el mismo territorio conviven, por un lado, algunas de las mayores fortunas del continente y, por otro, millones de personas que enfrentan carencias básicas: cerca de 18.8 millones con dificultades para acceder a una alimentación nutritiva y 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar.
La concentración de riqueza también se expresa en la evolución de las grandes fortunas. En las últimas tres décadas, la riqueza acumulada por los milmillonarios mexicanos pasó de 52 mil millones de dólares en 1996 a más de 219 mil millones en 2025, multiplicándose más de cuatro veces.
El caso del empresario Carlos Slim resulta ilustrativo. Su fortuna alcanzó 107 mil millones de dólares en 2025, el mayor monto de su historia. Desde 2020 su riqueza ha aumentado, en promedio, 273 dólares por segundo, un ritmo de acumulación que ilustra la enorme distancia entre el crecimiento de las grandes fortunas y los ingresos del trabajo.
El informe subraya además que esta concentración no es únicamente resultado de dinámicas de mercado. Los grandes grupos económicos también controlan infraestructuras estratégicas y concesiones públicas, como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos o recursos como el agua, lo que amplifica su capacidad de influencia sobre el rumbo del desarrollo nacional.
Cuando el poder económico alcanza este nivel de concentración, advierte el informe, surge un problema que rebasa el ámbito económico: la relación entre riqueza y democracia. La acumulación extrema de capital permite a ciertos actores influir en las reglas del juego económico y político, generando lo que el documento denomina un riesgo de captura del proceso democrático por minorías económicas.
Desde esta perspectiva, la desigualdad deja de ser únicamente una brecha social y se convierte también en una cuestión de poder. La democracia, en este contexto, no se reduce al ejercicio electoral, sino que implica la capacidad colectiva de la sociedad para regular la concentración del poder económico y garantizar que la riqueza generada por la economía se distribuya de manera más equitativa.
Es precisamente en este punto donde el informe propone abrir una agenda de transformación estructural. Frente a la acumulación extrema de poder económico, el documento plantea nueve propuestas orientadas a recuperar el control democrático de la economía mexicana, organizadas en tres grandes ejes: transformar las reglas del juego económico, reparar las distorsiones producidas por la concentración de riqueza y redistribuir recursos para fortalecer las bases materiales de la democracia.
Si la concentración extrema de riqueza constituye un problema estructural para la democracia, la pregunta inevitable es qué hacer frente a ella. El informe de Oxfam México propone una agenda de transformación que parte de una premisa clara: la desigualdad no se corrige únicamente mediante políticas sociales, sino transformando las reglas que permiten la acumulación desproporcionada de poder económico.
En esa dirección, el documento plantea un conjunto de medidas que pueden leerse como un intento por reordenar las bases institucionales del capitalismo mexicano. Algunas apuntan a transformar las reglas fiscales y regulatorias que han permitido la consolidación de grandes concentraciones empresariales; otras buscan reparar las distorsiones sociales producidas por décadas de crecimiento desigual, particularmente en materia de derechos laborales, desigualdades de género y acceso a servicios fundamentales; y un tercer grupo propone redistribuir de manera más equitativa la riqueza generada por la economía mediante políticas fiscales progresivas, mayor inversión pública y una recuperación del papel democrático del Estado en la regulación económica.
En conjunto, estas propuestas buscan recuperar una idea fundamental: que la democracia no puede limitarse al ámbito electoral si la estructura económica permanece profundamente concentrada. Democratizar la economía implica, por tanto, limitar el poder excesivo de las grandes fortunas, ampliar la capacidad fiscal del Estado y garantizar que la riqueza producida socialmente contribuya al bienestar colectivo.
Sin embargo, cuando este programa se observa desde la escala territorial del país, aparece una dimensión que el diagnóstico apenas alcanza a vislumbrar. La economía mexicana no se organiza de manera uniforme sobre el territorio. Las formas de producción, los mercados de trabajo y las estrategias de reproducción social varían profundamente entre regiones.
Mientras en algunas zonas del país predominan economías altamente integradas a los circuitos industriales y financieros globales, en otras el dinamismo económico depende del gasto público, del comercio local o de economías de subsistencia. Y existen también territorios donde la reproducción de la vida económica descansa en una combinación de actividades que desbordan las categorías clásicas del análisis macroeconómico: producción campesina, trabajo familiar, comercio popular y redes comunitarias de intercambio.
Esta diversidad territorial introduce una mediación fundamental entre la estructura económica nacional y las condiciones de vida reales de la población. La concentración del capital y la distribución del ingreso siguen siendo variables centrales, pero su impacto se encuentra modulado por las formas concretas en que la economía se organiza en cada territorio.
Es en ese punto donde aparece uno de los vacíos analíticos más relevantes del debate sobre desigualdad en México. Las propuestas orientadas a democratizar la economía suelen centrarse en la regulación del gran capital y en la redistribución del ingreso, pero pocas veces incorporan de manera explícita la estructura productiva territorial desde la cual millones de personas sostienen su vida económica cotidiana.
Cuando la redistribución se encuentra con el territorio
Las propuestas orientadas a reducir la concentración de riqueza parten de un supuesto fundamental: que la desigualdad puede corregirse mediante mecanismos fiscales progresivos, mayor inversión pública y una regulación más firme del poder económico. En ese horizonte se inscriben muchas de las medidas planteadas por Oxfam México, cuyo objetivo es democratizar las reglas que permiten la acumulación extrema de capital.
En el plano nacional, este enfoque resulta imprescindible. La concentración de riqueza no sólo limita la capacidad redistributiva del Estado; también condiciona el funcionamiento de la democracia misma. Cuando el poder económico se concentra en pocas manos, la posibilidad de construir políticas públicas orientadas al bienestar colectivo se vuelve más frágil.
Sin embargo, cuando este marco de análisis se desplaza hacia los territorios, aparece una dimensión que rara vez ocupa el centro del debate: las formas concretas en que las economías locales sostienen la reproducción cotidiana de la vida social.
Las políticas redistributivas suelen pensarse desde la estructura macroeconómica del país: ingresos fiscales, gasto público, inversión estatal, regulación del capital. Pero la vida económica de millones de personas no se organiza únicamente en ese nivel. Se construye, sobre todo, en espacios territoriales donde la producción, el intercambio y el trabajo adoptan formas específicas.
En muchos territorios de México, y particularmente en regiones del sur como Chiapas, la economía no se encuentra dominada por grandes conglomerados industriales ni por mercados laborales altamente formalizados. La reproducción social depende en gran medida de sistemas económicos locales donde confluyen producción campesina, comercio popular, trabajo familiar y redes comunitarias de intercambio.
Estas economías territoriales no constituyen simples remanentes de un pasado agrario. Son estructuras vivas que permiten la subsistencia cotidiana de amplios sectores de la población. Funcionan como espacios de articulación entre la vida comunitaria, los mercados regionales y las políticas públicas, aunque muchas veces permanecen invisibles en los diagnósticos macroeconómicos.
Cuando una política nacional de redistribución se implementa sin considerar estas estructuras territoriales, corre el riesgo de intervenir sobre la desigualdad sin comprender plenamente los mecanismos reales que sostienen la vida económica local. La redistribución puede mejorar ingresos o ampliar derechos sociales, pero no necesariamente transforma las bases productivas sobre las que descansa la economía de los territorios.
El desafío, entonces, no consiste únicamente en redistribuir riqueza desde el centro hacia la periferia, sino en articular las políticas redistributivas con las economías territoriales que ya existen. Esto implica reconocer que el desarrollo no se produce sólo a través de grandes inversiones o políticas macroeconómicas, sino también mediante el fortalecimiento de las redes productivas locales, los mercados regionales y las formas comunitarias de organización económica.
En este sentido, el territorio introduce una mediación decisiva entre la política económica nacional y la realidad social de las regiones. Allí donde la economía se sostiene principalmente en estructuras populares y campesinas, las políticas redistributivas necesitan dialogar con esas formas de organización productiva para generar transformaciones duraderas.
De lo contrario, la redistribución corre el riesgo de operar únicamente en el plano del ingreso, sin modificar las condiciones estructurales que determinan la desigualdad territorial.
La pregunta que emerge entonces no es menor: si la democracia económica exige limitar la concentración del poder y redistribuir la riqueza, ¿no debería también reconocer y fortalecer las economías territoriales que sostienen la vida cotidiana de millones de personas?
Porque en territorios como Chiapas, la discusión sobre desigualdad no se agota en la distribución del ingreso. También involucra la forma en que las comunidades producen, intercambian y organizan la vida económica en sus propios territorios.
Y es precisamente en esa intersección entre redistribución y territorio donde se define una de las preguntas centrales para el futuro del desarrollo en México:
¿Puede una política nacional de redistribución transformar realmente la desigualdad si no incorpora las economías territoriales que sostienen la vida cotidiana de millones de personas?
Chiapas: el territorio donde la desigualdad y la economía popular conviven
En el debate nacional sobre desigualdad, Chiapas suele aparecer como un símbolo recurrente del rezago económico. Los indicadores de pobreza, marginación y acceso desigual a servicios básicos colocan al estado entre las regiones con mayores brechas sociales del país. Desde esta perspectiva, Chiapas suele describirse como una periferia económica dentro del sistema nacional.
Sin embargo, cuando el análisis se desplaza del nivel estadístico al territorio concreto, emerge una realidad más compleja. Chiapas no es únicamente un espacio marcado por la desigualdad; es también un territorio donde amplios sectores de la población han construido formas propias de organización económica que permiten sostener la vida cotidiana frente a condiciones estructurales adversas.
Estas formas de organización no responden exclusivamente a la lógica de acumulación del capital ni a la dinámica de grandes inversiones productivas. Se apoyan, en cambio, en una combinación de producción campesina, comercio popular, trabajo familiar, redes comunitarias y mercados regionales que articulan la economía del estado.
En muchas regiones chiapanecas, la reproducción social no depende principalmente de grandes empresas o industrias, sino de miles de pequeñas unidades productivas campesinas y comerciales que operan en escalas locales y regionales. La milpa, la producción de café, los mercados comunitarios, el transporte regional y el pequeño comercio constituyen una red económica extensa que conecta comunidades rurales con ciudades intermedias y circuitos comerciales más amplios.
Ciudades como San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, o Yajalón funcionan como nodos donde convergen estas dinámicas territoriales. En ellas se articulan mercados, transporte, comercio y servicios que permiten enlazar economías rurales con espacios regionales de intercambio.
Este entramado económico no elimina las profundas desigualdades que caracterizan al estado. Pero sí revela algo fundamental: la vida económica de Chiapas no se encuentra paralizada por la pobreza. Por el contrario, se sostiene a través de una economía popular territorial que ha desarrollado mecanismos propios de adaptación y supervivencia.
En este contexto, la desigualdad y la economía popular no aparecen como fenómenos separados, sino como procesos que conviven dentro de una misma estructura territorial. Mientras las brechas de ingreso, infraestructura y acceso a oportunidades reflejan las limitaciones del modelo de desarrollo nacional, las economías locales continúan generando estrategias para sostener la reproducción cotidiana de la población.
Esta coexistencia plantea un desafío importante para las políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad. Las estrategias redistributivas resultan indispensables para ampliar derechos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Pero si estas políticas no reconocen las estructuras económicas territoriales que ya operan en regiones como Chiapas, corren el riesgo de actuar únicamente sobre los efectos de la desigualdad sin transformar las bases productivas que sostienen la vida social.
Comprender a Chiapas desde esta perspectiva implica abandonar la imagen simplificada de una periferia pasiva dentro de la economía nacional. El estado forma parte de una realidad más compleja donde la desigualdad convive con sistemas económicos locales que, aun en condiciones adversas, continúan organizando la producción, el intercambio y la vida comunitaria.
En este sentido, Chiapas no sólo refleja los límites del desarrollo económico en México. También muestra la persistencia de economías territoriales que han logrado sostener la vida social en medio de profundas asimetrías estructurales.
Reconocer esta realidad no significa romantizar la pobreza ni idealizar las economías populares. Significa entender que, en territorios donde la concentración de riqueza y poder económico ha dejado amplios vacíos productivos, las comunidades han desarrollado formas propias de organización económica que mantienen en funcionamiento la vida cotidiana.
Es precisamente en esa tensión entre desigualdad estructural y capacidad territorial de supervivencia donde se abre una pregunta fundamental para el futuro del desarrollo en México: si la economía popular ha sostenido históricamente la reproducción social en territorios como Chiapas, ¿no debería convertirse también en uno de los puntos de partida para imaginar nuevas formas de desarrollo más equitativas?
Post scriptum, valdría mucho, antes de continuar analizando estas posibilidades de la redistribución propuesta por Oxfam México, trasladar la reflexión al contexto de esas duras palabras de autocrítica que el Presidente, Lula da Silva, aseveró contra los gobiernos progresistas, en el que por supuesto, hay que incluir a la Cuarta Transformación, para buscar entender cómo esas democracias políticas, fueron durante el capitalismo y continuaron en el neoliberalismo, y hoy desde los gobiernos progresistas, son “gerentes de las miserias del neoliberalismo”, coparticipes de esos regímenes donde las élites políticas, se rotaron electoralmente entre partidos, mientras el mercado enriquece a los grandes capitales, abandonando el compromiso del Estado por la redistribución, mientras el “mercado democrático”, vigila celosamente, que los gobernantes no concentren ningún poder que limite el libre comercio y las plusvalías obtenidas.
Buena mañana.
*Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
