• El convenio también obliga al estado a publicar el avance en el uso de los recursos y a mantener controles para garantizar su correcta aplicación
Lennyn Flores
El estado de Chiapas contará en 2026 con un financiamiento de 412.1 millones de pesos para seguridad pública, integrado por recursos federales y estatales; sin embargo, su ejercicio estará sujeto a estrictos lineamientos y a la obligación de reintegrar el dinero no utilizado.
De acuerdo con el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación(23/04/26), la entidad recibirá 285.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), a los que se suman 126.9 millones de pesos de aportación estatal.
El documento establece que estos recursos no son de libre disposición, ya que deberán destinarse exclusivamente a programas y subprogramas definidos a nivel nacional, alineados con las prioridades del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Además, el estado estará obligado a reportar de manera mensual y trimestral el avance en el ejercicio del gasto, así como los resultados obtenidos, bajo criterios de transparencia, eficiencia y legalidad.
Uno de los puntos centrales del convenio es que los recursos deberán ejercerse durante el ejercicio fiscal 2026, ya que, de no ser utilizados o comprometidos antes del cierre del año, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en enero de 2027.
Asimismo, incluso los recursos comprometidos, pero no pagados deberán liquidarse en los primeros meses del siguiente año, o en su caso, devolverse.
El convenio también obliga al estado a publicar el avance en el uso de los recursos y a mantener controles para garantizar su correcta aplicación, lo que refuerza los mecanismos de supervisión sobre el gasto en seguridad.
Este esquema refleja que, aunque el monto destinado a seguridad es relevante, su ejecución está condicionada al cumplimiento de metas, reportes y lineamientos federales.
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