Edgar Hernández Ramírez
En Tuxtla Gutiérrez, la escena se repite con una frecuencia inquietante: una motocicleta destrozada sobre el asfalto, un casco rodando unos metros más allá, un cuerpo inmóvil rodeado de curiosos y patrullas. La noticia dura unas horas en redes sociales, se comenta en voz baja y se olvida con la misma velocidad con la que circulan las motos en la ciudad. Pero detrás de cada accidente hay algo más que imprudencia individual; hay un modelo urbano fallido que está cobrando vidas.
El crecimiento acelerado del uso de motocicletas en Tuxtla no es casualidad. Es el resultado de una “motorización popular” que responde a una necesidad básica: moverse en una ciudad donde el transporte público es deficiente, irregular y muchas veces indigno. La motocicleta es barata, accesible a crédito y funcional. Para miles de personas, no es un lujo, es una herramienta de trabajo y supervivencia. Repartidores, estudiantes, obreros, madres de familia, todos encuentran en la moto una solución inmediata a la precariedad de la movilidad.
Pero esa solución llega sin condiciones mínimas de seguridad. Las calles de Tuxtla no están diseñadas para este nuevo actor urbano. Baches, drenajes colapsados, falta de señalización, iluminación deficiente y ausencia de carriles preferentes convierten cada trayecto en una ruleta rusa. La ciudad sigue pensada para el automóvil, aunque la realidad ya la rebasó. La motocicleta circula en un entorno que no la reconoce, que no la protege y que, en muchos casos, la expulsa hacia el riesgo.
A esto se suma una cultura vial frágil. El uso del casco sigue siendo irregular, muchas veces por incomodidad ante el calor o por simple descuido. La motocicleta, percibida como ágil y veloz, invita a maniobras riesgosas: zigzaguear entre coches, invadir banquetas, circular en sentido contrario. Estas prácticas no son sólo decisiones individuales; son respuestas a una ciudad que obliga a “ganarle al tiempo”, a moverse rápido para no quedar atrapado en el atraso cotidiano.
Sin embargo, reducir el problema a la conducta del motociclista es una simplificación peligrosa. La motocicleta se ha vuelto central en la economía informal. Es el vehículo del repartidor que tiene que cumplir tiempos imposibles, del trabajador que no puede llegar tarde, del estudiante que no puede perder el día. La presión económica empuja a asumir riesgos. En ese sentido, cada acelerón no es sólo imprudencia, es urgencia.
Hay, además, una dimensión más profunda: la desigualdad. La moto funciona como un “ascensor social barato”, una forma de acceder a la ciudad sin tener que pagar el costo de un automóvil. Pero ese acceso es precario. Quien viaja en moto lo hace sin la protección que ofrece un coche, sin seguro en muchos casos, sin respaldo institucional. La inclusión que promete la motocicleta viene acompañada de una exposición mayor al accidente, a la lesión, a la muerte. Es movilidad con riesgo incorporado.
La institucionalidad tampoco ayuda. Obtener una licencia de conducir no garantiza saber manejar. Los procesos son laxos, cuando no meramente burocráticos. Los operativos de tránsito aparecen de forma esporádica y, con frecuencia, bajo una lógica recaudatoria más que preventiva. La corrupción termina por desactivar cualquier intento de orden; la infracción se negocia, la norma se diluye y la autoridad pierde legitimidad.
Mientras tanto, la ciudad se expande sin control. En las periferias, donde el pavimento es irregular o inexistente, donde faltan banquetas y alumbrado, la motocicleta comparte espacio con peatones, triciclos, animales sueltos. La exposición al riesgo se multiplica. A esto se suma un fenómeno creciente: más mujeres utilizan la moto para trabajar o estudiar, enfrentando no solo los peligros viales, sino también condiciones de inseguridad urbana.
El impacto de esta crisis no es sólo vial. Es sanitario y económico. Los hospitales reciben cada vez más casos de traumatología derivados de accidentes en moto. Las familias, muchas veces sin seguro, enfrentan gastos que pueden llevarlas al endeudamiento o a la pobreza. La motocicleta, que empezó como solución, termina siendo también un problema estructural.
Por eso, los accidentes en motocicleta en Tuxtla no pueden entenderse como hechos aislados. Son el síntoma de una ciudad que no ha sabido adaptarse a su propia transformación. Son el resultado de la convergencia de factores estructurales (infraestructura deficiente, planeación urbana rezagada), socioeconómicos (precariedad laboral, desigualdad), culturales (la exaltación de la velocidad) y políticos (instituciones débiles y permisivas).
Seguir culpando únicamente al conductor es cómodo, pero insuficiente. La solución no está en más multas ni en operativos esporádicos. Está en repensar la ciudad; invertir en infraestructura segura, construir una verdadera cultura vial, regular con seriedad y ofrecer alternativas de transporte público dignas.
Mientras eso no ocurra, la escena seguirá repitiéndose. Otra moto en el suelo. Otro cuerpo tendido. Otra vida perdida en el asfalto. Y una ciudad que, entre el ruido de motores, prefiere no escucharse a sí misma.
